Expone el pintor Nicolás de Jesús en Italia temas políticos y sociales

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

Nicolás de Jesús estrena exposición titulada Arte en Lucha en Pistoia, Italia, en la que muestra obras de temas políticos y sociales, además de organizarse un encuentro especial en el que se presentarán mantas que se expondrán en el edificio que hospedan las obras.

La presentación de las pinturas creadas por el artista indígena será en la Biblioteca San Giorgio, y estará a cargo de la doctora en Artes, Elisa Pacini, quien es la encargada de coordinar las presentaciones en Italia, además de dar protección a la obra pictórica.

En entrevista vía skype, la encargada de la muestra comentó que representa una oportunidad única de conocer el estado actual de la técnica mexicana contemporánea y sobre todo lo que nace y crece en las zonas indígenas y populares de México.
Explicó que los temas retomados por el artista mexicano muestran una composición en la que influyen muchos componentes detallados sobre actividades que se desarrollan en la vida cotidiana e insiste en imágenes que viven en la imaginación de la vida rural.

Dijo que gracias a estas obras también se logra entender la lucha de los pueblos indígenas contra la opresión, la injusticia y el sufrimiento de la vida moderna.
Describió la pintura de Nicolás como una sátira, crítica social y política.

Refiriéndose a su descripción de las calaveras, como una figura “a medio camino”, la coordinadora resaltó que las obras muestran las raíces de la tradición azteca, llegando a ser una de las imágenes más recurrentes y que está muy extendida en la iconografía popular del arte mexicano, sin perder el mensaje político que inspira a la sociedad mexicana.

Mencionó que la fuente de inspiración que refleja el arte de Nicolás de Jesús es la manifestación por el deseo de mejorar las circunstancia de los pueblos, como la pobreza, la opresión, la usurpación de conciencias.

“El sufrimiento tiene sus características únicas, el artista muestra que hay una necesidad de expresar sus pensamientos”, subrayó.

Dijo que él hace de la pintura su herramienta de última generación para promover una concientización social, que cuente con un gran impacto y crear un arte comprometido.
Isistió que la obra se enfrenta a cuestiones existenciales con la lucha por la dignidad y el respeto, demostrando que tiene un camino original e independiente para expresarse en cada trazo que realiza en sus obras en los que constantemente se manifiesta en pro del respeto a la vida.

Finalmente mencionó que gracias a estas muestras en países europeos se puede ayudar a difundir la vivencia social de otros países –en este caso México– y las carencias a las que se enfrenta una sociedad atormentada por la violencia y los gobiernos fallidos.

El Sur,27 de agosto 2011

Ampliarán actividades para gestionar su propia radiodifusora, entre otros proyectos

Programa la Coordinadora indígena la restructuración de la Policía Comunitaria
Actualmente hay 10 comandancias regionales, pero se requiere de mayor organización, explican

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 16 de agosto. La Coordinadora Regional Autoridades Comunitarias (CRAC-Policía Comunitaria) iniciará una restructuración de la organización para profundizar en el trabajo comunitario, el cual consistirá en integrar comisiones con tareas específicas.

Uno de los coordinadores de la Policía Comunitaria, Pablo Guzmán Hernández, informó también que se preparan para recibir en septiembre el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en la sede de la organización.

En entrevista, recordó que actualmente existen 10 comandantes regionales, pero las actividades de la Policía Comunitaria requieren de mayor organización para el trabajo comunitario, y en ese sentido está encauzada su restructuración.

Por ejemplo, detalló, tienen previsto crear al menos seis comisiones, como la de Gestión y Representación; las de Salud; Producción; Comunicación, en ésta en particular hay un nuevo proyecto, pues pretenden constituir una tercera radio, la sede todavía están por definir entre Chilistlahuaca y Zitlaltepec. Formación y Capacitación, y otras comisiones que abarquen tres ejes: seguridad, justicia y género.

Precisó para el próximo 22 se reunirán los miembros de la CRAC para hacer un primer balance de la restructuración. La Policía Comunitaria tiene 16 años de haber sido creada.

Guzmán Hernández agregó que el viernes 30 se reunirán en San Luis Acatlán con representantes de áreas distintas del poder Ejecutivo y Judicial, además de alcaldes para continuar con la disolución de las órdenes de aprehensión y averiguaciones previas contra los miembros de la organización. Felicitas Martínez Solano, también una de las coordinadoras de la CRAC, precisó que todavía están vigentes unas 20.

La presencia de los agentes del Ministerio Público y jueces próximamente en la región tiene que ver, explicó Martínez, con la Ley por el Derecho y Cultura Indígena, aprobada el 8 de abril pasado, la cual aseguró reconoce a las autoridades comunitarias y elegidas por usos y costumbres.

No obstante, primero se tiene que hacer una serie de modificaciones a los códigos penales, y es lo que precisamente habrán de discutir, precisó Guzmán Hernández en el encuentro del próximo 30.

También informó que para septiembre está previsto que el Movimiento por la Paz que encabeza el poeta Javier Sicilia, visite las sedes de la Policía Comunitaria en San Luis Acatlán y Marquelia, dijo que antes al parecer estará en La Parota.

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/08/17/index.php?section=sociedad&article=006n1soc

Luchan los indígenas guerrerenses contra el olvido y el menosprecio de su cultura

Anarsis Pacheco Pólito


El poco aprecio de la gente por su trabajo, la falta de apoyo por parte de las instituciones para revalorar su cultura, y el nulo interés de las nuevas generaciones por conservar su lengua, costumbres y tradiciones, son algunos de los problemas que enfrentan los artesanos indígenas del estado de Guerrero.
En entrevista realizada por separado, tres artesanos indígenas, procedentes de la costa y centro de la entidad, que participan en la Semana de Arte y Cultura Indígena, hablaron de las dificultades a las que se enfrentan diariamente para ganarse la vida.

Isabel Martínez García es una indígena triqui de Oaxaca quien lleva 15 años viviendo en la capital del estado y se dedica a la elaboración de bolsas, rebosos y huipiles, oficio en el que comenzó desde los ocho años de edad, sin saber leer ni escribir.
“Es muy cansado tejer, te duele la espalda, la cadera y las manos, pero es lo único que sé hacer, y con esto ayudo a mi marido a alimentarnos”, subrayó.

Comentó que su trabajo es muy poco valorado, pues al momento de venderlo la gente se niega a pagar su costo real y termina pidiendo rebajas, que no dejan ganancia y no recuperan la inversión de tiempo y el desgaste de la vista.

Dijo que el tiempo que requiere la elaboración de un huipil depende del tamaño y este varía de acuerdo a la estatura de la mujer que va a portarlo; regularmente el proceso dura un año; se tarda dos días en hacer una bolsa y una semana en un rebozo, sumándole la calidad y belleza.

Explicó que tejer es una actividad muy complicada, lleva muchos años de práctica heredar los conocimientos sobre el tejido del huipil; además, comentó, aprender a tejer huipiles, bolsas y rebosos requiere de mucha observación.

“Es un trabajo de mucho esfuerzo, a los jóvenes no les interesa porque necesita mucha dedicación, además de que ya no gustan de vestirse con ellos”, comentó.
Señaló que en su pueblo las jóvenes ya no gustan de vestir huipiles y rebozos, se “acostumbran a lo nuevo”, y no quieren aprender a tejer para seguir manteniendo la artesanía que ha perdurado tanto tiempo.

Por su parte Miriam Tapia Pineda, indígena de Tulimán, pueblo nahua de la zona Norte, describe como un orgullo el conocimiento de la elaboración de artesanías de barro, pues saber todo el proceso para realizar cada una de las obras le resulta magnifico y artístico.

“Es importante difundir está necesidad de crear artesanías de barro, ya que desde tiempos antiguos nuestros antepasados la realizaban, para comer, beber agua, juguetes y hasta para representar deidades”, subrayó.

Explicó que es también necesario enseñarles a las nuevas generaciones sobre las tradiciones y costumbres del pueblo guerrerense, de cada una de las comunidades indígenas que existen en el estado.

“No es una cuestión de apenarse, sino de sentirse orgullosos de nuestras raíces, reconocer a cada uno de los pueblos indígenas y ayudarlos a proyectar su cultura con medios adecuados”, abundó.

Reiteró que es indispensable que la sociedad comprenda la importancia de difundir la cultura, además de enseñar a tolerar y apreciar las actividades tradicionales de los pueblos y sentirse atraídos por un municipio con historia.

“No se trata de festejar una fecha sino más bien de recordar siempre de dónde venimos y cómo podemos mejorar”, concluyó.

A su vez, Leticia Encarnación Benito, originaria de Zacualpan en Costa Chica, explicó que se deben generar espacios adecuados para la venta y difusión de las artesanías, además de concientizar a la gente respecto a su precio debido a la cantidad de horas que se le dedica para crearlas.

Señaló que también se deben difundir las creencias, rituales y lengua, pues comentó que hay muchas personas que les da plena hablar su lengua natal, ya que sufren el rechazo de otros en lugar de ayudar a su aceptación.

Encarnación Benito mencionó que las autoridades deben facilitar el apoyo para crear talleres o intercambios culturales entre las comunidades para que la sociedad guerrerense pueda conocer de cerca las raíces de la entidad.
Insistió en la necesidad de educar a los niños obre el uso de la lengua amusga, y ayudar a salvaguardarla.

Estos promotores culturales pertenecen al grupo Calpulli de Chilpancingo, participan en la Semana de Arte y Cultura Indígena que se realiza del 7 al 11 de este mes en la plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, con el propósito de conmemorar el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas que se celebra hoy.

El Sur, 09 de agosto de 2011

Sobre Preparatoria indígena José Revueltas

En la edición del 18 de julio de 2011, LA JORNADA GUERRERO publicó la siguiente nota:

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Exigen estudiantes a la UAG registro para preparatoria indígena

Fernando Hernández.
Copalillo, 17 de julio

Egresados de la Preparatoria Popular Indígena José Revueltas, anexionada a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), de la comunidad de Tlalcozotitlán, exigieron a la casa de estudios les entregue su registro oficial. Desde su fundación, en 2002, la preparatoria ha solicitado su registro a la UAG y sólo han encontrado aplazamientos. “Administraciones han ido y venido y nosotros estamos en la misma situación desde su fundación”, narró el profesor indígena Adán Linares Trinidad, antes de que concluyera la ceremonia de clausura de la generación Martha Sánchez Néstor. Tlalcozotitlán permanece enclavada en lo profundo del Alto Balsas, como si en ella el tiempo se hubiera detenido a no ser por una cantina que expende cervezas que mitigan el calor de propios y extraños. Para llegar a ella hay que manejar por lo menos una hora desde la cabecera municipal, o un poco más según el estado de la carretera. Ayer egresaron siete alumnos. Sólo uno o dos sacaron fichas en alguna institución de educación superior; la mayoría de las cinco mujeres que concluyeron el nivel medio superior no continuará sus estudios por falta de recursos, de oportunidades o porque sus padres decidieron no apoyarlas más, relató Linares Trinidad en la casa de uno de los egresados. En la ceremonia de clausura el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Marcos Matías Alonso, aseguró que antes de que concluya esta semana sostendrá una reunión con el rector de la UAG, Ascencio Villegas Arrizón, a fin de agilizar los trámites para el que el Consejo Universitario entregue el registro a la preparatoria indígena.

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Consulta en:
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/07/18/index.php?section=sociedad&article=005n4soc

Sobre la Universidad Intercultural en Guerrero

En la edición del 18 de julio de 2011, LA JORNADA GUERRERO publicó la siguiente nota:
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Acusa rector de la UIEG de racismo a la Sefina estatal

Sergio Ferrer
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Malinaltepec, 17 de julio
Con la asistencia de decenas de familiares, 12 bandas de viento, autoridades comunitarias y docentes, se realizó la ceremonia de clausura de la primera generación de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), Crispín Galeana Cantú.
A la ceremonia faltó la secretaria de Educación en Guerrero, Silvia Romero Suárez, quien se disculpó vía telefónica porque tuvo problemas para realizar el traslado en helicóptero hasta la comunidad de La Ciénega, sede de la universidad.
De 100 estudiantes que terminaron formalmente sus estudios, 89 de ellos cuentan con certificado de egreso en las carreras de Lengua y Cultura o Desarrollo Sustentable, las dos licenciaturas con las que inició la UIEG.
El acto inició con una misa oficiada al aire libre por un párroco de Malinaltepec, después se realizó la ceremonia protocolaria de clausura, en la cual se dio la palabra a algunos representantes de pueblos o instituciones. Salvador Cantú, comisario de La Ciénega, se disculpó con los estudiantes por las condiciones difíciles del pueblo y recordó que “el esfuerzo de varios familiares que mandaron dólares para que los jóvenes pudieran estudiar”. Pidió a los egresados regresar a sus comunidades a trabajar pero no olvidarse de La Ciénega.
Por su parte, cuatro universitarios ofrecieron a los asistentes un discurso en náhuatl, me’phaa, tun savi y castellano. En su intervención, el rector de la UIEG, Rafael Aréstegui Ruiz, afirmó que “la fuerza del estado reside en sus pueblos originarios” e insistió en que dicha casa de estudios tiene proyectos para desarrollar; citó el ejemplo del coco de Guerrero que puede ser usado como aceite anticorrosivo para las tuberías de Pemex, el cual ya se estudia junto con científicos de la UAG.
El catedrático arremetió contra lo que llamó “dejos de racismo en la Secretaría de Finanzas por parte de algunos de sus funcionarios”, aunque no dio nombres; el rector aseveró que en dicha instancia le reclamaron que para qué quieren ganar tanto los maestros si están en la montaña, “ya quisiera ver a esos burócratas trabajando como trabajan los maestros en La Montaña”.
Uno de los egresados de Lengua y Cultura, comentó respecto al término de cuatro años de estudio que “representa el resultado del apoyo de los pueblos, con los que estamos en deuda y trabajaremos con ellos como lo he hecho, en especial con la CRAC, estoy comprometido con las comunidades, estoy seguro que las apoyaré y no defraudaré a La Montaña de Guerrero”.
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Consulta en:
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/07/18/index.php?section=sociedad&article=005n3soc

Sobre Ley Indígena de Guerrero

En la edición del 13 de julio de 2011, EL SUR publicó la siguiente nota:

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Reproduce la Ley Indígena formas de sometimiento de los pueblos, concluyen en un foro en Chilapa

Luis Nava

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Chilapa

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos, organizaciones y más de un centenar de representantes de comunidades celebraron un foro para analizar la ley indígena aprobada en el Congreso local hace unos meses y concluyeron que dicha ley violentó el derecho a la consulta y que fue creada para seguir reproduciendo la forma de someter a los pueblos y no reconocer plenamente sus derechos.

Asimismo en el contexto de la incursión de las mineras extranjeras en municipios de la Montaña se alertó que la ley establece que los dueños de las tierras ya pueden hacer convenios y asociaciones.

Al acto asistieron representantes de 18 comunidades de Chilapa, José Joaquín de Herrera y de Olinalá, el director de Tlachinollan, Abel Barrera; Magencio Abad Zeferino de la Organización de los Pueblos Originarios para el Desarrollo Social; Hugo Cartas de la radio comunitaria La palabra verdadera, el diputado federal Filemón Navarro y un representante de Victoriano Wences, quien en febrero había presentado la Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, en cuestión.

Filemón Navarro, dijo que cuando se aprobó la ley había en Guerrero un retraso de 10 años en esa materia legislativa y opinó que la ésta se queda a medio camino de su noble propósito porque confunde conceptos sobre “pueblos indígenas” y “comunidades indígenas”.

Reconoció el avance que hay con esa ley aunque dijo que elimina aspectos que limitan la libre determinación.

El profesor Hugo Cartas, encargado de la radio comunitaria La palabra verdadera habló de la falta del derecho a la información que existe en las comunidades acerca del daño que ocasionan las mineras.

Hizo una reseña de lo perjudicial que han resultado las mineras que se han instalado en territorio mexicano y lo que provocarían al ser completamente instaladas en los municipios de la Montaña.

Sobre la ley dijo que es “muy vaga” y que “no da certeza de cómo se van a garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios”.

El antropólogo Abel Barrera de Tlachinollan, cuestionó: “¿para que sirve la ley?, ¿a quien le sirve? ya tiene unos meses pero no sabemos que existe”.

Dijo que si la salud es un derecho constitucional y no hay médicos en las comunidades, “¿para qué vamos a hablar de los derechos si no hay médicos en las comunidades?, ¿cómo le han hecho para vivir sin médicos, sin medicinas, sin empleos y sin garantías para pedir justicia?, ¿cuánto cuesta venir a Chilapa para pedir justicia?, ¿qué autoridades del Ministerio Público hablan nahuatl?, preguntó a los presentes.

Comentó que en Chilapa hay 70 mil electores, de los cuales sólo 25 mil están en la cabecera municipal y el resto, la mayoría, se ubica en las comunidades. “Ustedes son los que le dan la oportunidad de que se sienten ahí (en el ayuntamiento) los gobernantes y ellos no hablan náhuatl.

“Son más de 45 mil personas en Chilapa que hablan náhuatl y a esos no los dejan hablar, no los dejan gobernar, no tienen caminos, médicos, ni créditos para el campo. Ustedes están cargando a todo el mundo y no se quejan, y no dicen nada”, manifestó.

Entre el publico contestaron que no se quejaban “porque tenemos miedo de hablar”.

“¿O porque nos dan dos bultos de fertilizante, una despensa, láminas?”, secundó Abel Barrera.

“Ningún nahua esta ahí, y ¿quién va a cambiar eso?, ustedes, los pueblos, los que están allá, ¿cuándo se van a levantar y a decir ¡ya!, ¡ya!, ¡ya!?.

Pidió a las autoridades y pobladores de comunidades presentes defender su autonomía y “nada de pedir permiso a los que roban el dinero del pueblo, nada de agachar la cabeza”.

“¿Por qué les damos sus cadenas de flores y les damos su chivo a los que nos desprecian, a los que nos cierran las puertas cuando los necesitamos?”.

Exhortó a las organizaciones a aliarse con los pueblos indígenas para trabajar juntos en la defensa de los derechos humanos.

También el defensor de derechos humanos puso como ejemplo, una la lucha que iniciaron en una comunidad de poco más de 300 pobladores en Tlapa para que les asignaran un médico.

Explicó que luego del desdén y las burlas del encargado de la jurisdicción sanitaria en Tlapa hacia los pobladores de la comunidad Mininuma interpusieron un amparo argumentando que les estaban negando el derecho constitucional a la salud y que finalmente un juez ordenó al gobierno estatal y a la Secretaría de Salud a equipar adecuadamente con mobiliario, servicios y medicamentos suficientes la casa de salud que la comunidad ya había construido con recursos propios.

Asimismo alertó que la ley establece que los dueños de las tierras en la zona rural pueden hacer convenio y asociaciones con sus certificados con lo que se facilita el permiso que ya dio el gobierno federal para que las mineras canadienses exploren minerales en el estado, específicamente en la Montaña.

Dijo que la única manera de evitar alguna incursión en su tierra es organizar una asamblea para levantar un acta de una asamblea acordando que no va a entrar ninguna minera y llevarla al Registro Agrario federal.

Agregó que los que quieren aplicar esa ley, no la conocen y ni siquiera tienen la sensibilidad de defender los derechos de los náhuatl, de los na savi, de los amuzgos, ni de ningún grupo indígena en Guerrero.

Señaló que toda la vida que hay en una comunidad es una violación, un círculo vicioso a los derechos humanos, “todos los pobladores están siendo afectados en sus derechos humanos”.

Barrera Hernández, añadió que la ley tampoco permite que las comunidades puedan votar mediante usos y costumbres.

“En las comunidades no dicen que el voto es libre y secreto, ahí el voto es público, abierto, declarativo, porque no tienen nada que ocultar. Es una ley más hecha por otras gentes en nombre de ustedes, para seguir reproduciendo la forma de someter a los pueblos y no reconocer plenamente sus derechos”, comentó.

El representante de Victoriano Wences, Efraín Cevallos Santibáñez pidió precisar que la ley no fue presentada por el diputado, sino por otros tres legisladores que la propusieron en tres iniciativas desde el 2009.

“Más allá de señalamientos, hay que construir una ley más sólida” y justificó que hubo foros en Tlapa, Chilpancingo y San Luis Acatlán previos a la elaboración de la ley.

Dijo que con los trabajos del foro se pudieran hacer aportaciones. “La norma es perfectible, la comisión está en toda disposición de integrar las propuestas que sean necesarias”.

Pablo Guzmán Villegas, de la Policía Comunitaria, aclaró que no aceptaron que se hiciera un foro de consulta sino un foro de información en San Luis Acatlán

Que la ley sirve de base para profundizar en el perfeccionamiento que permita a los pueblos conservar sus riquezas naturales, su cultura y sus formas organizativas.

“En la policía comunitaria de 720 integrantes no se necesita ni amenazas ni soborno para hacer justicia, hay violencia pero es poquita, eso lo logramos con la organización de los pueblos”.

Pidió que así como con la organización buscaron solucionar el problema de la inseguridad se puede buscar solución a los problemas de salud y de educación.

En las conclusiones Manuel Olivares, director del Centro Morelos manifestó que la ley no representa el sentir ni las necesidades verdaderas de los pueblos originarios, en primer término porque se violento el derecho a la consulta.

Dijo que tomando en cuenta los instrumentos internacionales en materia indígena, en la ley se encuentran errores de conceptualización e interpretación que hacen que no se toquen cuestiones de fondo.

Agregó que esa ley no debe de tener por objeto el reconocimiento sino manifestar el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derechos.

En relación a la autonomía sólo se refiere a la concordancia con el orden jurídico vigente sin mencionar los instrumentos internacionales.

“En cuanto a la policía comunitaria se sigue abrogando el derecho de reconocerla y en cuanto al derecho a la consulta siguen dejándolo al nivel general mencionando sólo procedimientos apropiados sin prever la consulta informada respetando tiempos y formas de los pueblos y comunidades”.

El derecho a la salud únicamente se queda en la velación por parte del estado, señaló en su conclusión.

Además dijo que no ven “ningún interés para crear reformas en materia penal o sobre la forma en como los ayuntamientos se relacionan con los pueblos, tampoco conocemos ninguna iniciativa para crear programas que ataquen las históricas necesidades en salud, educación, trabajo, infraestructura, violencia contra las mujeres, respeto a la tierra, al territorio y a los recursos naturales”.

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Consulta en:

http://www.suracapulco.com.mx/nota1.php?id_nota=105110

Acto de cumplimiento a la Sentencia de la CIDH en el caso de Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores

México, D.F., 21 de junio de 2011.



PALABRAS DEL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS, FELIPE ZAMORA CASTRO, DURANTE EL ACTO DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO.


Sr. Teodoro Cabrera García,

Sr. Miguel Olivar, hijo de don Teodoro;

Un saludo especial a don Rodolfo Montiel, quien nos sigue escuchando a través del teléfono;

Y un saludo afectuoso la señora Ubalda Cortés, esposa de don Rodolfo;

Agradecemos también la presencia de José Rosario Marroquín, Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez;

Del Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

También agradezco la presencia de don Ricardo Celis Alemán, consejero jurídico adjunto de Control Constitucional de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;

Gracias a Omeheira López Reyna, Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y una de las principales responsables en la implementación del cumplimiento de esta sentencia.

Quiero agradecer especialmente la presencia esta tarde con nosotros del senador Ruben Camarillo Ortega, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organizaciones No Gubernamentales del Senado de la República, que ha sido una pieza fundamental en la coordinación y el diálogo entre las instancias del Gobierno Federal y las organizaciones de la sociedad civil.

También agradezco la presencia en este recinto de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, integrante de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados; de la diputada Teresa Reyes Sahagún también integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Y hacemos un saludo extensivo a la diputada Teresa Encháustegui, que nos envió su mensaje hace unos momentos.

Finalmente debo también agradecer esta tarde la presencia del General Brigadier, lic. Rogelio Rodríguez Correa, en representación del Director General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y de la lic. Yesica de la Madrid, representante del Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República y demás funcionarios de la Procuraduría que esta mañana están con nosotros.

Para los funcionarios del Gobierno Federal que nos encontramos esta mañana aquí, es un motivo de satisfacción estar con ustedes.

Nuestra presencia enfatiza el interés de dar cabal cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a favor de los señores Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores.

El Ejecutivo Federal, en congruencia con los instrumentos en materia de derechos humanos de los cuales es parte, asume de forma responsable su deber de cumplimiento en tiempo y forma, con los resolutivos que contiene esta sentencia.

Los gobiernos tenemos, entre otras, la responsabilidad de crear un clima positivo y de respeto a los derechos humanos. En ese tenor, es indispensable destacar la labor de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos, en especial, en este caso la participación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y todos los demás defensores que contribuyeron a ese proceso.

Quienes promovemos y defendemos los derechos humanos desde el Gobierno hemos tenido con organizaciones -como la que ustedes representan- una fructífera relación de colaboración para impulsar y mejorar el respeto a los derechos humanos, a la justicia social, y a la inclusión de todos los habitantes de nuestro país.

La promoción del respeto a los derechos humanos es una de las áreas en las que el Gobierno Federal refrenda constantemente su compromiso, pues esto es un elemento fundamental para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la creación de oportunidades económicas, el mejoramiento de la seguridad pública y, por supuesto, de la administración de justicia.

En este contexto, el pasado 9 de junio, el Presidente Calderón promulgó la más reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos la cual fortalece y amplía la protección de los derechos humanos en nuestro país.

Esta importante reforma construida por los legisladores, por los congresos de los estados, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil representa un paso importante en el anhelo de justicia de la ciudadanía y significa un avance para evitar el abuso del poder, bajo un régimen de rendición de cuentas por parte del Estado mexicano.

Esta reforma es una muestra más del compromiso de nuestro país entero con la promoción y defensa de los derechos humanos.

En este mismo sentido, hemos tenido avances importantes en el cumplimiento de sentencias internacionales en materia de derechos humanos, específicamente por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Ante todo, ya lo decía el Embajador, el Gobierno Federal reconoce la autoridad de la Corte, no sólo formalmente, sino como un organismo que busca impartir justicia más allá del tiempo que ha transcurrido desde que se violentaran los derechos de quienes acuden a ella.

En su sentencia emitida el 26 de noviembre de 2010 en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra el Estado mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano a conducir eficazmente la investigación penal de los hechos que dieron origen al citado caso, especialmente en lo que se refiere a los actos de tortura en contra de los señores Cabrera y Montiel, esto para determinar las responsabilidades penales y aplicar las sanciones previstas por nuestras leyes, sin perjuicio de avanzar en la aplicación de medidas disciplinarias, administrativas o penales a las que haya lugar.

Para efectos de conocimiento y transparencia de esta sentencia, el Gobierno Federal la publicó en el Diario Oficial de la Federación, y también fue publicada en la página de internet de la Secretaría de Gobernación y un resumen de la misma fue publicada en el diario de circulación nacional que solicitaron los representantes de Teodoro y Rodolfo, el pasado 7 de Junio.

Por lo que corresponde a las repercusiones que dichos actos tuvieron en la salud de los beneficiarios se otorgará por una sola vez a cada una de las víctimas una suma por concepto de tratamiento médico y psicológico.

De igual forma se procederá al pago de las sumas fijadas por el concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos judiciales.

En este caso, al igual que en otras sentencias, la Corte Interamericana insta a nuestro país a llevar a cabo las reformas legislativas en materia de justicia militar para compatibilizarla con los estándares internacionales en la materia, así como adoptar las reformas necesarias para que las personas cuenten con un recurso efectivo para impugnar la competencia de las autoridades castrenses en estos procesos.

En ese sentido, ya recordábamos que desde octubre del año pasado, el Ejecutivo Federal ya envió al Senado de la República una iniciativa de reformas al fuero militar para que el personal de las fuerzas armadas sea juzgado por tribunales civiles cuando se vean involucrados en delitos de desaparición forzada, violación y tortura.

En esta misma iniciativa se propone la creación de cuatro Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, y contempla penas para estos delitos de hasta 70 años de prisión y de 4 a 8 mil días de multa.

Esta iniciativa contiene reformas a diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Penal Federal de Procedimientos Penales y de la ley que establece Normas Mínimas de Readaptación Social de Sentenciados.

Las modificaciones que se proponen al Código de Justicia Militar contemplan el cambio de denominación de la Policía Judicial Militar por Policía Ministerial Militar; prevé la posibilidad de utilizar los medios de comunicación como el fax y el correo electrónico para la formulación de denuncias.

De igual forma, se permite que las denuncias anónimas den lugar al inicio de una investigación que tenga por único objetivo corroborar información y permita a la policía presentar denuncias formales ante el Ministerio Público.

El documento menciona que no debe olvidarse que la desaparición forzada de personas podrá también ser cometida por un particular cuando actúe por orden, consentimiento o apoyo de un servidor público, militar o marino, quienes por el hecho de no contar con la calidad de servidor público le permite ser objeto de una penalidad menor, entre 10 y 25 años de prisión.

En esta ocasión, quiero aprovechar para exhortar al Congreso de la Unión para que analicen dicha iniciativa y puedan a la brevedad pronunciarse al respecto.

Por lo que se refiere a la capacitación del personal de los poderes Ejecutivo y Judicial -tanto local como federal- tales como ministerios públicos, juzgadores, personal del sector salud, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad pública, que actúan en procesos como éste, se ordenó a México continuar implementando programas y cursos permanentes de capacitación sobre investigación diligente en casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes y tortura, además en principios y normas de protección a los derechos humanos; así como a adoptar medidas complementarias para fortalecer el funcionamiento y utilidad del sistema de detenciones vigente.

En la ejecución de ésta y otras sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales internacionales, el Ejecutivo Federal, siempre atento del orden constitucional mexicano, respetará la autonomía de los Poderes de la Unión en el seguimiento de los resolutivos cuyo cumplimiento esté en manos del Congreso de la Unión o del Poder Judicial ya sea Federal o estatal, y en ese mismo sentido ratifica su total disposición e interés en trabajar conjuntamente con los mismos a fin de dar cabal cumplimiento a las resoluciones que deben ser cumplidas por el Estado en sus conjunto.

Para garantizar la coordinación entre autoridades del Ejecutivo Federal y el Gobierno del estado de Guerrero -que están vinculados con las acciones tendientes- se han instalado ya mesas de trabajo, las cuales son:

Una mesa de justicia, una mesa de capacitación y una mesa tendiente al tema de registro de detenciones.

Por lo que respecta a la meda de justicia, la misma está encabezada por la Procuraduría General de la República y en esta mesa se busca esclarecer los lamentables hechos que dieron lugar a estos casos.

Por lo que respecta a la mesa de capacitación, la misma estará encabezada por esta Secretaría de Gobernación y verificaremos la implementación de cursos en investigación diligente en casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes y tortura para funcionarios del Sector Salud, y Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República.

Asimismo, nos coordinaremos con las autoridades del Gobierno del estado de Guerrero para que dichos cursos también sean implementados en la administración pública local.

Quiero aprovechar en este momento, para señalar que atendiendo a la petición de don Rodolfo, y en su momento con el visto bueno de los representantes de don Teodoro y don Rodolfo, me gustaría incorporar en esta mesa de capacitación la solicitud que nos hacía don Rodolfo en su llamada telefónica de crear instancias, cursos o en su caso escuelas, lo que resulte más conveniente, para enseñarles a nuestros jóvenes mexicanos a respetar mejor nuestro medio ambiente.

Por lo que se refiere a la mesa de registro de detenciones. En coordinación con la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría del Estado de Guerrero y los representantes de las víctimas se realizará un Protocolo en Materia de Detenciones para garantizar que el registro de estas detenciones cuente con una actualización permanente.

Que las detenciones se den en bases de datos con una interconexión, de manera que se genere una red que permita identificar fácilmente el paradero de personas detenidas.

Este registro deberá garantizar también que se respete la exigencia de acceso a la información y la privacidad y, por supuesto, deberemos de construir mecanismos de control para garantizar que este registro esté debidamente actualizado.

Cabe señalar que este Protocolo de Actuación en Materia de Detenciones se planea presentar en la Conferencia de Procuradores para buscar que sea adoptado por todos los gobiernos locales y así las acciones de mejora que se solicitan por parte de la Corte Interamericana impacten a todos los mexicanos.

También quisiera señalar, don Teodoro, que sus abogados ya nos habían expresado la situación que tiene usted con su Acta de Nacimiento y algunos otros documentos. Por eso ya estamos trabajando en conjunto en la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos para que a la brevedad los gobierno locales que correspondan expidan las constancias que usted está solicitando y usted se pueda sentir más tranquilo.

De esta forma, el Gobierno Federal continúa acatando lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, atendiendo el orden jurídico nacional y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Finalmente, me permito reiterar una vez más que el Ejecutivo cumplirá sin demora y en todos sus resolutivos la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y continuará con la implementación de todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de las víctimas y sus familiares.

Muchas gracias.

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