¿Son legítimas la policía y la justicia comunitarias según usos y costumbres?

Enrique Dussel

Hemos leído en La Jornada (13/1/13) que en las Costas de Guerrero se ha organizado en muchas comunidades la policía comunitaria, y aun desde 1995 el ejercicio de la justicia según usos y costumbres (como en la CRAC²). Y se nos informa que la policía del Estado se ha hecho presente en algunos pueblos, según versiones, para tomar bajo su responsabilidad a algunas personas acusadas de actos contra la comunidad, contra las leyes establecidas. Se acusa igualmente de que este tipo de organizaciones está socavando la soberanía del Estado y se organizan fuera de éste, y aun contra éste. Pareciera que luchan por una autonomía que el Estado debiera concederles. Creo que se usan categorías políticas que sería bueno meditar un poco.

 

En primer lugar, muchas de esas comunidades indígenas son anteriores al Estado colonial y aun al Estado independiente representativo liberal. Aunque no lo fueran en el tiempo, dichas comunidades por su naturaleza son también anteriores al Estado constitucional, ya que como parte del pueblo participan de la soberanía que se predica del pueblo en primer lugar, y en segundo lugar, y por derivación, del Estado. Reunida la comunidad en democracia directa en una aldea, pueblo o barrio urbano, esa asamblea es en acto el momento esencial, fundamental, del Estado en cuanto tal. La participación activa del pueblo en dicha asamblea constituye el momento primero, desde abajo y anterior a la representación³ del Estado. Todos los ciudadanos, y en mayor medida los indígenas por ser los más antiguos habitantes del territorio del Estado mexicano, son Estado en cuanto miembros participantes de esas asambleas en la base. Es un derecho anterior a la Constitución que ésta puede o no reconocer legalmente, pero que no se pierde legítimamente por no ser constitucional. La Constitución puede mejorarse y hacer constar en ella derechos que no formuló en una redacción anterior (quizá por falta de conciencia de los derechos de los indígenas, de la mujer, de los niños, de los ancianos, de los marginales, etcétera). Constitucionalidad y legitimidad no son lo mismo. Es desde la legitimidad que se puede cambiar y mejorar la constitucionalidad o legalidad de una norma legislada.
Los pueblos indígenas, afrodescendientes o mestizos de la Costa de Guerrero tienen entonces todo derecho a defender su seguridad, más cuando a la policía (y hasta al Ejército) se les ha visto negociar con grupos ilegales y por ello no defender las comunidades. Los hechos son por demás conocidos. La CRAC, en su inicio, debió luchar más contra la policía estatal que contra el crimen o los cárteles de la droga. Pero venció en su doble lucha y ha crecido, e imparte justicia sobre los criminales a quienes su policía comunal priva de la libertad y condena a penas impuestas según usos y costumbres. ¿Es esto ilegítimo o se trata de una autonomía usurpada antes de que le sea concedida?
 

Téngase claro. Dichas comunidades constituyeron (o debieron constituir constitucional y legalmente) al Estado. De todas maneras no hay que olvidar que siempre son Estado cuando están reunidas en comunidad en la base, según derechos ancestrales y racionalmente fundamentados. La legitimidad se deduce del consenso del pueblo (subjetivamente), desde donde se crean instituciones objetivas (por ejemplo, la Constitución o las leyes que la secundan). Si esto último falta (por injusticia histórica, por haber excluido a los indígenas o por falta de conciencia) sigue siendo legítimo el derecho consuetudinario que presiona para que el derecho promulgado lo instaure. Es decir, la autonomía o el derecho a la defensa de las comunidades indígenas a su seguridad no se lo otorga el Estado, sino que solamente lo reconoce y cuida que se cumpla. En su naturaleza (anterior a la juridicidad del acto) es legítima.

Pero además, el hecho de la presencia de la policía estatal para recuperar a los aprehendidos por la policía comunitaria debe situarse en el mismo contexto. La comunidad tiene derecho a juzgar en usos y costumbres a los delincuentes, derecho que no siempre reconoce el derecho promulgado. Dada la situación extrema de injusticia, de inseguridad, y contemplando la articulación existente de hecho entre el crimen y la policía estatal o el poder judicial, el pueblo (último sujeto de la soberanía, anterior al Estado, la policía, los jueces y el Ejército) tiene, por derecho humano, legitimidad en el ejercicio de su facultad judicativa. Que se reconozca legalmente o no puede ser objeto de negociación, pero teóricamente tiene ese derecho anterior al Estado representativo, o como el momento fundamental y primero del mismo Estado en su momento participativo en la asamblea de base, que es la olvidada esencia de la democracia.

El pueblo, las comunidades podrían exclamar: ¡El Estado somos nosotros! Y, por tanto: “Ustedes (policía, gobernador, presidente, diputados… representantes) deben ejercer un poder obediencial⁴, y están por tanto a nuestro servicio y no como autoridad despótica”. Si todas las comunidades indígenas, agrícolas, barriales organizaran policías comunitarias podrían realmente cambiar la tremenda situación de inseguridad que vive el pueblo mexicano. Pero sería extremadamente peligroso para los poderes fácticos que gobiernan el país.

¹ Filósofo.
² Véase en Internet, bajo el concepto de CRAC, información sobre la policía comunitaria.
³ Véanse estos conceptos en mi libro Carta a los indignados, Editorial La Jornada, México, 2011: La democracia participativa, pp. 28ss.
⁴ Véase mi obra 20 tesis de política, Siglo XXI, México, 2006.

Sobre la policía comunitaria

RAÚL SENDIC GARCÍA ESTRADA

De la Policía Comunitaria a la Autodefensa Popular

La inseguridad en La Montaña y Costa Chica de Guerrero provocó el surgimiento de la Policía Comunitaria; en Santa Cruz del Rincón se reunieron por primera vez para formar la Policía Comunitaria, naciendo ésta como tal el 15 de octubre de 1995, posterior a dos asambleas organizativas surge con 23 pueblos fundadores. Al día de hoy, son más de mil policías comunitarios que realizan esta tarea sin recibir remuneración alguna y resguardan regiones con más de 80 comunidades en 12 municipios de Guerrero, donde habitan 300 mil personas.
La Policía Comunitaria recurre a los usos y costumbres en tierras indígenas, mixtecas y tlapanecas, donde los hombres tienen obligaciones con su pueblo, que elige a 12 pobladores que dedicarán parte de su tiempo a ser policías comunitarios, en actividades como resguardos y rondines de caminos.
Los procesos de la Policía Comunitaria surgen para la prevención del delito y en un primer momento los detenidos en general eran turnados al Ministerio Público, posteriormente se fundan las Casas de Justicia y se perfecciona un sistema de reeducación y justicia comunitaria, donde las sanciones y las condenas son consideradas por la comunidad de los Consejos de Ancianos.
Quien cometa un delito entra en el llamado proceso de reducación, con sanción de privación de libertad, trabajo comunitario, que va desde abrir caminos, brechas, reparación de escuelas y los trabajos que la comunidad necesite.
El Sistema Comunitario de Justicia atiende faltas y delitos que van desde las amenazas, las lesiones, el asalto, secuestro, asesinato, tráfico de drogas, que son sancionados de acuerdo con los lineamientos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
En abril de 2011, la Policía Comunitaria logró el aval del gobierno estatal al ser tomada en cuenta en la Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero e incluso en la Ley Estatal de Seguridad Pública.
Actualmente cuatro municipios de la Costa Chica viven situaciones extremas de inseguridad y amenazas del crimen organizado, se han cometido infinidad de delitos desde la extorsión hasta el cobro de pisaje, por lo que casi mil ciudadanos de los municipios de Ayutla, Tecoanapa, Florencio Villarreal y Copala instalaron retenes en las entradas y salidas de las cabeceras municipales para garantizar la seguridad que no les ha otorgado ninguno de los tres niveles de gobierno.
La espontaneidad y la organización de los ciudadanos para la seguridad, dan cuenta del hartazgo en que vive la población frente a los levantones, extorsiones, secuestros, cobros de piso, violaciones sexuales y amenazas, con las que viven los pobladores de estos municipios.
La gota que derramó el vaso fue el secuestro del comisario de la comunidad de Rancho Nuevo, municipio de Tecoanapa, Eusebio Alvarado García, quien fue rescatado con vida por los ciudadanos que hoy se encuentran en armas para garantizar la seguridad que debería ofrecer el estado.
Ante la falta de seguridad y garantías del gobierno se han constituido grupos de autodefensa frente a la ola de violencia que se vive en casi todo el territorio mexicano, quienes participan en los retenes en contra de la delincuencia organizada, son sobre todo ganaderos y comerciantes que han sido víctimas de actos delictivos.
Las autodefensas populares son ya una experiencia en el municipio de Cherán, en el estado de Michoacán, quienes vivieron un proceso desde las barricadas de autodefensa a los gobiernos autónomos en este municipio en rebeldía, que desconoció a sus autoridades y creó un Consejo Municipal en el pleno corazón de la sierra purépecha que enfrentó al crimen organizado y a los talamontes que arrasaron con 200 mil hectáreas de bosques.
En Urapichio, municipio de Paracho, Michoacán, se sublevaron en acciones de autodefensa al igual que ocho comunidades que buscaron protegerse de agresiones del crimen organizado en octubre de 2010.
En el municipio de Huamuxtitlán, en junio del año pasado, pobladores se enfrentaron a sicarios que mantenían secuestrados a 17 ciudadanos logrando su liberación. En Olinalá, el secuestro y ejecución de un taxista detonó el descontento ciudadano contra una célula criminal, por varios días los ciudadanos tuvieron el control armado del municipio, donde se elaboran las mundialmente conocidas cajitas laqueadas del árbol linaloe. n

Sobre la Universidad Intercutural

La UIEG no puede estar al servicio de grupos, dice el rector y ofrece disculpas a los pueblos

Posted on ene 9, 2013

Sergio Ferrer
Tlapa
El rector de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), Floriberto González González, pidió una disculpa pública a los pueblos y comunidades aledaños por los agravios que haya cometido en su contra la institución y aseguró que la misma no puede estar al servicio de intereses personales, de grupos o de partidos políticos.
En el acto en que lo presentaron como rector en el auditorio de la UIEG asentada en un terreno donado por la comunidad de La Ciénega, González González señaló que será respetuoso de las decisiones de los pueblos.
Pero advirtió, “pedimos que las comunidades y los pueblos sean muy respetuosos de la vida interna de la Universidad, no vivir aislados sino una relación de respeto mutuo, diálogo y enriquecimiento permanente”.
En octubre del año pasado, habitantes de comunidades de Metlatónoc, Malinaltepec, Cochoapa el Grande, Iliatenco y San Luis Acatlán tomaron las instalaciones de la Universidad para exigir la salida del entonces rector, Rafael Aréstegui Ruiz, a quien acusaron de querer expropiarles sus terrenos para la explotación minera y de promover una reserva de la biósfera, sin consultar a los poblados.
En base a un audio obtenido de las palabras del rector pronunciadas el lunes pasado, se sabe que González González dijo ante estudiantes, docentes, trabajadores y funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que por azar del destino le tocó ser rector y que acude de buena fe a la UIEG. A él le tomó protesta como rector el secretario general de gobierno, Humberto Salgado Gómez, el 18 de diciembre.
Enfatizó que en no más de seis meses prevé la realización de un foro interno en el que “todos digan su palabra” para contar con un plan institucional de desarrollo consensuado, con respeto, diálogo y tolerancia.
En el foro que sería de carácter interno, González González propuso que los estudiantes analicen la Universidad, qué se debe cambiar o consolidar y consideró que se debe llamar a las autoridades y personas de las comunidades a que acudan para que digan cómo ven a la UIEG, pero no mencionó si podrían incidir en las directrices, como lo plantearon comunidades en un foro efectuado en Paraje Montero.
Agregó que existe una extensión de la Universidad en Ayutla de los Libres a la que también deberá poner atención, además de lidiar en La Ciénega con asuntos pendientes como el corte de agua efectuado por habitantes de dicha comunidad en respuesta a las demandas interpuestas en su contra luego de la toma de las instalaciones el mes de octubre.
En muy breves participaciones como lo pidió el maestro de ceremonia, una maestra avisó de este problema y otro docente preguntó si el gobernador, Ángel Aguirre River, ya pagó los millones de pesos que sabe debe el ejecutivo en presupuesto para el funcionamiento de la UIEG.
Al dirigirse al que llamó alumnado, a trabajadores, docentes y  autoridades de la SEG, González González efectuó su recuento de la historia de la UIEG a manera homenaje.
Mencionó que en 1998 fue invitado a un  intercambio de experiencias en Michoacán en el que la delegación de Guerrero escucharía por primera vez el término de Universidad Indígena, expuesto por Agustín Jacinto Zalava, doctor en Física Nuclear formado en universidades extranjeras que buscaba una universidad purépecha.
Agregó que en noviembre de 2002 hubo un encuentro de experiencias curriculares en educación indígena y en 2003 un congreso de educación intercultural bilingüe en el que se discutió el modelo de la universidad con cuatro foros de consulta en Atlixtac, San Luis Acatlán, Malinaltepec, Copalillo y una visita a Atlamajalcingo del Monte
El rector alabó las instalaciones de la UIEG, dijo que son excelentes y que sirven como punto de encuentro para debatir y tomar decisiones que beneficien al pueblo, al estado y al mundo.
“Tiene que ser la casa de todos pero con mucho respeto, hablar de interculturalidad es diálogo, tolerancia, requerimos mucho diálogo, diálogo, dirimir diferencias… tomar acuerdos, debemos estar dispuestos a dialogar, se requiere actitud y una postura ética, de no ser así terminaremos matándonos unos a otros”, expresó.

El Sur, 9 de enero de 2013.
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