En la edición del 13 de julio de 2011, EL SUR publicó la siguiente nota:
.
Reproduce la Ley Indígena formas de sometimiento de los pueblos, concluyen en un foro en Chilapa
Luis Nava
.
Chilapa
El Centro de Derechos Humanos José María Morelos, organizaciones y más de un centenar de representantes de comunidades celebraron un foro para analizar la ley indígena aprobada en el Congreso local hace unos meses y concluyeron que dicha ley violentó el derecho a la consulta y que fue creada para seguir reproduciendo la forma de someter a los pueblos y no reconocer plenamente sus derechos.
Asimismo en el contexto de la incursión de las mineras extranjeras en municipios de la Montaña se alertó que la ley establece que los dueños de las tierras ya pueden hacer convenios y asociaciones.
Al acto asistieron representantes de 18 comunidades de Chilapa, José Joaquín de Herrera y de Olinalá, el director de Tlachinollan, Abel Barrera; Magencio Abad Zeferino de la Organización de los Pueblos Originarios para el Desarrollo Social; Hugo Cartas de la radio comunitaria La palabra verdadera, el diputado federal Filemón Navarro y un representante de Victoriano Wences, quien en febrero había presentado la Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, en cuestión.
Filemón Navarro, dijo que cuando se aprobó la ley había en Guerrero un retraso de 10 años en esa materia legislativa y opinó que la ésta se queda a medio camino de su noble propósito porque confunde conceptos sobre “pueblos indígenas” y “comunidades indígenas”.
Reconoció el avance que hay con esa ley aunque dijo que elimina aspectos que limitan la libre determinación.
El profesor Hugo Cartas, encargado de la radio comunitaria La palabra verdadera habló de la falta del derecho a la información que existe en las comunidades acerca del daño que ocasionan las mineras.
Hizo una reseña de lo perjudicial que han resultado las mineras que se han instalado en territorio mexicano y lo que provocarían al ser completamente instaladas en los municipios de la Montaña.
Sobre la ley dijo que es “muy vaga” y que “no da certeza de cómo se van a garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios”.
El antropólogo Abel Barrera de Tlachinollan, cuestionó: “¿para que sirve la ley?, ¿a quien le sirve? ya tiene unos meses pero no sabemos que existe”.
Dijo que si la salud es un derecho constitucional y no hay médicos en las comunidades, “¿para qué vamos a hablar de los derechos si no hay médicos en las comunidades?, ¿cómo le han hecho para vivir sin médicos, sin medicinas, sin empleos y sin garantías para pedir justicia?, ¿cuánto cuesta venir a Chilapa para pedir justicia?, ¿qué autoridades del Ministerio Público hablan nahuatl?, preguntó a los presentes.
Comentó que en Chilapa hay 70 mil electores, de los cuales sólo 25 mil están en la cabecera municipal y el resto, la mayoría, se ubica en las comunidades. “Ustedes son los que le dan la oportunidad de que se sienten ahí (en el ayuntamiento) los gobernantes y ellos no hablan náhuatl.
“Son más de 45 mil personas en Chilapa que hablan náhuatl y a esos no los dejan hablar, no los dejan gobernar, no tienen caminos, médicos, ni créditos para el campo. Ustedes están cargando a todo el mundo y no se quejan, y no dicen nada”, manifestó.
Entre el publico contestaron que no se quejaban “porque tenemos miedo de hablar”.
“¿O porque nos dan dos bultos de fertilizante, una despensa, láminas?”, secundó Abel Barrera.
“Ningún nahua esta ahí, y ¿quién va a cambiar eso?, ustedes, los pueblos, los que están allá, ¿cuándo se van a levantar y a decir ¡ya!, ¡ya!, ¡ya!?.
Pidió a las autoridades y pobladores de comunidades presentes defender su autonomía y “nada de pedir permiso a los que roban el dinero del pueblo, nada de agachar la cabeza”.
“¿Por qué les damos sus cadenas de flores y les damos su chivo a los que nos desprecian, a los que nos cierran las puertas cuando los necesitamos?”.
Exhortó a las organizaciones a aliarse con los pueblos indígenas para trabajar juntos en la defensa de los derechos humanos.
También el defensor de derechos humanos puso como ejemplo, una la lucha que iniciaron en una comunidad de poco más de 300 pobladores en Tlapa para que les asignaran un médico.
Explicó que luego del desdén y las burlas del encargado de la jurisdicción sanitaria en Tlapa hacia los pobladores de la comunidad Mininuma interpusieron un amparo argumentando que les estaban negando el derecho constitucional a la salud y que finalmente un juez ordenó al gobierno estatal y a la Secretaría de Salud a equipar adecuadamente con mobiliario, servicios y medicamentos suficientes la casa de salud que la comunidad ya había construido con recursos propios.
Asimismo alertó que la ley establece que los dueños de las tierras en la zona rural pueden hacer convenio y asociaciones con sus certificados con lo que se facilita el permiso que ya dio el gobierno federal para que las mineras canadienses exploren minerales en el estado, específicamente en la Montaña.
Dijo que la única manera de evitar alguna incursión en su tierra es organizar una asamblea para levantar un acta de una asamblea acordando que no va a entrar ninguna minera y llevarla al Registro Agrario federal.
Agregó que los que quieren aplicar esa ley, no la conocen y ni siquiera tienen la sensibilidad de defender los derechos de los náhuatl, de los na savi, de los amuzgos, ni de ningún grupo indígena en Guerrero.
Señaló que toda la vida que hay en una comunidad es una violación, un círculo vicioso a los derechos humanos, “todos los pobladores están siendo afectados en sus derechos humanos”.
Barrera Hernández, añadió que la ley tampoco permite que las comunidades puedan votar mediante usos y costumbres.
“En las comunidades no dicen que el voto es libre y secreto, ahí el voto es público, abierto, declarativo, porque no tienen nada que ocultar. Es una ley más hecha por otras gentes en nombre de ustedes, para seguir reproduciendo la forma de someter a los pueblos y no reconocer plenamente sus derechos”, comentó.
El representante de Victoriano Wences, Efraín Cevallos Santibáñez pidió precisar que la ley no fue presentada por el diputado, sino por otros tres legisladores que la propusieron en tres iniciativas desde el 2009.
“Más allá de señalamientos, hay que construir una ley más sólida” y justificó que hubo foros en Tlapa, Chilpancingo y San Luis Acatlán previos a la elaboración de la ley.
Dijo que con los trabajos del foro se pudieran hacer aportaciones. “La norma es perfectible, la comisión está en toda disposición de integrar las propuestas que sean necesarias”.
Pablo Guzmán Villegas, de la Policía Comunitaria, aclaró que no aceptaron que se hiciera un foro de consulta sino un foro de información en San Luis Acatlán
Que la ley sirve de base para profundizar en el perfeccionamiento que permita a los pueblos conservar sus riquezas naturales, su cultura y sus formas organizativas.
“En la policía comunitaria de 720 integrantes no se necesita ni amenazas ni soborno para hacer justicia, hay violencia pero es poquita, eso lo logramos con la organización de los pueblos”.
Pidió que así como con la organización buscaron solucionar el problema de la inseguridad se puede buscar solución a los problemas de salud y de educación.
En las conclusiones Manuel Olivares, director del Centro Morelos manifestó que la ley no representa el sentir ni las necesidades verdaderas de los pueblos originarios, en primer término porque se violento el derecho a la consulta.
Dijo que tomando en cuenta los instrumentos internacionales en materia indígena, en la ley se encuentran errores de conceptualización e interpretación que hacen que no se toquen cuestiones de fondo.
Agregó que esa ley no debe de tener por objeto el reconocimiento sino manifestar el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derechos.
En relación a la autonomía sólo se refiere a la concordancia con el orden jurídico vigente sin mencionar los instrumentos internacionales.
“En cuanto a la policía comunitaria se sigue abrogando el derecho de reconocerla y en cuanto al derecho a la consulta siguen dejándolo al nivel general mencionando sólo procedimientos apropiados sin prever la consulta informada respetando tiempos y formas de los pueblos y comunidades”.
El derecho a la salud únicamente se queda en la velación por parte del estado, señaló en su conclusión.
Además dijo que no ven “ningún interés para crear reformas en materia penal o sobre la forma en como los ayuntamientos se relacionan con los pueblos, tampoco conocemos ninguna iniciativa para crear programas que ataquen las históricas necesidades en salud, educación, trabajo, infraestructura, violencia contra las mujeres, respeto a la tierra, al territorio y a los recursos naturales”.
.
Consulta en:
