Acto de cumplimiento a la Sentencia de la CIDH en el caso de Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores

México, D.F., 21 de junio de 2011.



PALABRAS DEL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS, FELIPE ZAMORA CASTRO, DURANTE EL ACTO DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO.


Sr. Teodoro Cabrera García,

Sr. Miguel Olivar, hijo de don Teodoro;

Un saludo especial a don Rodolfo Montiel, quien nos sigue escuchando a través del teléfono;

Y un saludo afectuoso la señora Ubalda Cortés, esposa de don Rodolfo;

Agradecemos también la presencia de José Rosario Marroquín, Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez;

Del Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

También agradezco la presencia de don Ricardo Celis Alemán, consejero jurídico adjunto de Control Constitucional de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;

Gracias a Omeheira López Reyna, Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y una de las principales responsables en la implementación del cumplimiento de esta sentencia.

Quiero agradecer especialmente la presencia esta tarde con nosotros del senador Ruben Camarillo Ortega, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organizaciones No Gubernamentales del Senado de la República, que ha sido una pieza fundamental en la coordinación y el diálogo entre las instancias del Gobierno Federal y las organizaciones de la sociedad civil.

También agradezco la presencia en este recinto de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, integrante de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados; de la diputada Teresa Reyes Sahagún también integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Y hacemos un saludo extensivo a la diputada Teresa Encháustegui, que nos envió su mensaje hace unos momentos.

Finalmente debo también agradecer esta tarde la presencia del General Brigadier, lic. Rogelio Rodríguez Correa, en representación del Director General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y de la lic. Yesica de la Madrid, representante del Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República y demás funcionarios de la Procuraduría que esta mañana están con nosotros.

Para los funcionarios del Gobierno Federal que nos encontramos esta mañana aquí, es un motivo de satisfacción estar con ustedes.

Nuestra presencia enfatiza el interés de dar cabal cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a favor de los señores Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores.

El Ejecutivo Federal, en congruencia con los instrumentos en materia de derechos humanos de los cuales es parte, asume de forma responsable su deber de cumplimiento en tiempo y forma, con los resolutivos que contiene esta sentencia.

Los gobiernos tenemos, entre otras, la responsabilidad de crear un clima positivo y de respeto a los derechos humanos. En ese tenor, es indispensable destacar la labor de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos, en especial, en este caso la participación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y todos los demás defensores que contribuyeron a ese proceso.

Quienes promovemos y defendemos los derechos humanos desde el Gobierno hemos tenido con organizaciones -como la que ustedes representan- una fructífera relación de colaboración para impulsar y mejorar el respeto a los derechos humanos, a la justicia social, y a la inclusión de todos los habitantes de nuestro país.

La promoción del respeto a los derechos humanos es una de las áreas en las que el Gobierno Federal refrenda constantemente su compromiso, pues esto es un elemento fundamental para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la creación de oportunidades económicas, el mejoramiento de la seguridad pública y, por supuesto, de la administración de justicia.

En este contexto, el pasado 9 de junio, el Presidente Calderón promulgó la más reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos la cual fortalece y amplía la protección de los derechos humanos en nuestro país.

Esta importante reforma construida por los legisladores, por los congresos de los estados, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil representa un paso importante en el anhelo de justicia de la ciudadanía y significa un avance para evitar el abuso del poder, bajo un régimen de rendición de cuentas por parte del Estado mexicano.

Esta reforma es una muestra más del compromiso de nuestro país entero con la promoción y defensa de los derechos humanos.

En este mismo sentido, hemos tenido avances importantes en el cumplimiento de sentencias internacionales en materia de derechos humanos, específicamente por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Ante todo, ya lo decía el Embajador, el Gobierno Federal reconoce la autoridad de la Corte, no sólo formalmente, sino como un organismo que busca impartir justicia más allá del tiempo que ha transcurrido desde que se violentaran los derechos de quienes acuden a ella.

En su sentencia emitida el 26 de noviembre de 2010 en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra el Estado mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano a conducir eficazmente la investigación penal de los hechos que dieron origen al citado caso, especialmente en lo que se refiere a los actos de tortura en contra de los señores Cabrera y Montiel, esto para determinar las responsabilidades penales y aplicar las sanciones previstas por nuestras leyes, sin perjuicio de avanzar en la aplicación de medidas disciplinarias, administrativas o penales a las que haya lugar.

Para efectos de conocimiento y transparencia de esta sentencia, el Gobierno Federal la publicó en el Diario Oficial de la Federación, y también fue publicada en la página de internet de la Secretaría de Gobernación y un resumen de la misma fue publicada en el diario de circulación nacional que solicitaron los representantes de Teodoro y Rodolfo, el pasado 7 de Junio.

Por lo que corresponde a las repercusiones que dichos actos tuvieron en la salud de los beneficiarios se otorgará por una sola vez a cada una de las víctimas una suma por concepto de tratamiento médico y psicológico.

De igual forma se procederá al pago de las sumas fijadas por el concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos judiciales.

En este caso, al igual que en otras sentencias, la Corte Interamericana insta a nuestro país a llevar a cabo las reformas legislativas en materia de justicia militar para compatibilizarla con los estándares internacionales en la materia, así como adoptar las reformas necesarias para que las personas cuenten con un recurso efectivo para impugnar la competencia de las autoridades castrenses en estos procesos.

En ese sentido, ya recordábamos que desde octubre del año pasado, el Ejecutivo Federal ya envió al Senado de la República una iniciativa de reformas al fuero militar para que el personal de las fuerzas armadas sea juzgado por tribunales civiles cuando se vean involucrados en delitos de desaparición forzada, violación y tortura.

En esta misma iniciativa se propone la creación de cuatro Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, y contempla penas para estos delitos de hasta 70 años de prisión y de 4 a 8 mil días de multa.

Esta iniciativa contiene reformas a diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Penal Federal de Procedimientos Penales y de la ley que establece Normas Mínimas de Readaptación Social de Sentenciados.

Las modificaciones que se proponen al Código de Justicia Militar contemplan el cambio de denominación de la Policía Judicial Militar por Policía Ministerial Militar; prevé la posibilidad de utilizar los medios de comunicación como el fax y el correo electrónico para la formulación de denuncias.

De igual forma, se permite que las denuncias anónimas den lugar al inicio de una investigación que tenga por único objetivo corroborar información y permita a la policía presentar denuncias formales ante el Ministerio Público.

El documento menciona que no debe olvidarse que la desaparición forzada de personas podrá también ser cometida por un particular cuando actúe por orden, consentimiento o apoyo de un servidor público, militar o marino, quienes por el hecho de no contar con la calidad de servidor público le permite ser objeto de una penalidad menor, entre 10 y 25 años de prisión.

En esta ocasión, quiero aprovechar para exhortar al Congreso de la Unión para que analicen dicha iniciativa y puedan a la brevedad pronunciarse al respecto.

Por lo que se refiere a la capacitación del personal de los poderes Ejecutivo y Judicial -tanto local como federal- tales como ministerios públicos, juzgadores, personal del sector salud, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad pública, que actúan en procesos como éste, se ordenó a México continuar implementando programas y cursos permanentes de capacitación sobre investigación diligente en casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes y tortura, además en principios y normas de protección a los derechos humanos; así como a adoptar medidas complementarias para fortalecer el funcionamiento y utilidad del sistema de detenciones vigente.

En la ejecución de ésta y otras sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales internacionales, el Ejecutivo Federal, siempre atento del orden constitucional mexicano, respetará la autonomía de los Poderes de la Unión en el seguimiento de los resolutivos cuyo cumplimiento esté en manos del Congreso de la Unión o del Poder Judicial ya sea Federal o estatal, y en ese mismo sentido ratifica su total disposición e interés en trabajar conjuntamente con los mismos a fin de dar cabal cumplimiento a las resoluciones que deben ser cumplidas por el Estado en sus conjunto.

Para garantizar la coordinación entre autoridades del Ejecutivo Federal y el Gobierno del estado de Guerrero -que están vinculados con las acciones tendientes- se han instalado ya mesas de trabajo, las cuales son:

Una mesa de justicia, una mesa de capacitación y una mesa tendiente al tema de registro de detenciones.

Por lo que respecta a la meda de justicia, la misma está encabezada por la Procuraduría General de la República y en esta mesa se busca esclarecer los lamentables hechos que dieron lugar a estos casos.

Por lo que respecta a la mesa de capacitación, la misma estará encabezada por esta Secretaría de Gobernación y verificaremos la implementación de cursos en investigación diligente en casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes y tortura para funcionarios del Sector Salud, y Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República.

Asimismo, nos coordinaremos con las autoridades del Gobierno del estado de Guerrero para que dichos cursos también sean implementados en la administración pública local.

Quiero aprovechar en este momento, para señalar que atendiendo a la petición de don Rodolfo, y en su momento con el visto bueno de los representantes de don Teodoro y don Rodolfo, me gustaría incorporar en esta mesa de capacitación la solicitud que nos hacía don Rodolfo en su llamada telefónica de crear instancias, cursos o en su caso escuelas, lo que resulte más conveniente, para enseñarles a nuestros jóvenes mexicanos a respetar mejor nuestro medio ambiente.

Por lo que se refiere a la mesa de registro de detenciones. En coordinación con la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría del Estado de Guerrero y los representantes de las víctimas se realizará un Protocolo en Materia de Detenciones para garantizar que el registro de estas detenciones cuente con una actualización permanente.

Que las detenciones se den en bases de datos con una interconexión, de manera que se genere una red que permita identificar fácilmente el paradero de personas detenidas.

Este registro deberá garantizar también que se respete la exigencia de acceso a la información y la privacidad y, por supuesto, deberemos de construir mecanismos de control para garantizar que este registro esté debidamente actualizado.

Cabe señalar que este Protocolo de Actuación en Materia de Detenciones se planea presentar en la Conferencia de Procuradores para buscar que sea adoptado por todos los gobiernos locales y así las acciones de mejora que se solicitan por parte de la Corte Interamericana impacten a todos los mexicanos.

También quisiera señalar, don Teodoro, que sus abogados ya nos habían expresado la situación que tiene usted con su Acta de Nacimiento y algunos otros documentos. Por eso ya estamos trabajando en conjunto en la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos para que a la brevedad los gobierno locales que correspondan expidan las constancias que usted está solicitando y usted se pueda sentir más tranquilo.

De esta forma, el Gobierno Federal continúa acatando lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, atendiendo el orden jurídico nacional y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Finalmente, me permito reiterar una vez más que el Ejecutivo cumplirá sin demora y en todos sus resolutivos la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y continuará con la implementación de todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de las víctimas y sus familiares.

Muchas gracias.

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