Efemérides del 14 de agosto
Hace 5 años
miércoles, 30 de marzo de 2011
domingo, 20 de marzo de 2011
Galardona AI la “lucha dolorosa” de indígenas de Guerrero: Barrera
Llamado urgente a Calderón ante riesgo de detención del líder de la Red de Derechos Digna Ochoa
Galardona AI la “lucha dolorosa” de indígenas de Guerrero: Barrera
Reconocimiento al antropólogo y al Centro Tlachinollan por indagación de desapariciones forzadas cometidas por militares, “como en la guerra sucia”
Lamentablemente, la justicia no ha llegado a los pueblos indígenas, señala el antropólogo Abel Barrera Hernández, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. La imagen, en Chenalhó, ChiapasFoto José Carlo González
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Domingo 20 de marzo de 2011, p. 31
El antropólogo Abel Barrera Hernández y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fundado por él hace 17 años, recibirán en Berlín el sexto Premio de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional (AI) Alemania, en reconocimiento a su labor de investigación de casos de desapariciones forzadas perpetradas por elementos del Ejército mexicano.
Durante la ceremonia –a realizarse el próximo 27 de mayo en la Casa de las Culturas del Mundo– con motivo del 50 aniversario de la fundación de AI, Barrera recogerá el galardón como un reconocimiento a la lucha incesante de Tlachinollan por las garantías de los indígenas guerrerenses, que se ha realizado “exponiéndose a veces a un alto riesgo personal”.
Gracias a su trabajo estratégico, “la repercusión de Tlachinollan se hace eco más allá de Guerrero, contribuyendo al fortalecimiento de los derechos humanos en todo México”, afirmó el comité organizador del premio.
El colectivo fundado por Barrera ha participado en casos que en 2010 se llevaron incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre ellos el de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, y el de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, atacadas sexualmente por soldados.
Debido al clima de hostigamiento y amenazas contra los miembros de Tlachinollan y otras asociaciones civiles, la CIDH solicitó al gobierno mexicano que brinde medidas de protección para más de 100 activistas, pero hasta el momento dicha orden no ha sido cumplida a cabalidad.
El reconocimiento de AI, dotado de 10 mil euros, se otorga a individuos y organizaciones que han defendido los derechos humanos en situaciones difíciles, y busca reconocer el esfuerzo de dichas personas, apoyarlas y promover su trabajo ante la sociedad alemana.
En entrevista telefónica con La Jornada, Barrera se congratuló por el otorgamiento del premio, aunque dijo que éste, más que ser un mérito individual, es “un reconocimiento a la lucha incansable y dolorosa que han emprendido los pueblos indígenas y campesinos de Guerrero, donde lamentablemente todavía no ha llegado la justicia”.
Consideró que, en lo inmediato, una de las consecuencias positivas del galardón es que ayudará a centrar la mirada de la gente en lo que ocurre en dicha entidad del sur del país, donde se está generando un nivel de represión y de violencia tan fuerte como el de la llamada guerra sucia, en la década de 1970.
“Hay más de 600 desaparecidos en Guerrero, y eso sigue pasando ahora. Continúan muriendo jóvenes y niños, se criminaliza la protesta social y se encarcela a quienes luchan por conseguir justicia. Siguen atentando contra las y los defensores de derechos humanos, obligándolos a salir de sus hogares”, lamentó.
Más que ser para una sola persona –recalcó–, el galardón se otorga “a todas las organizaciones de familiares, víctimas de la represión, activistas, hombres y mujeres del campo, indígenas y jornaleros que incluso han dado su vida por esta causa. Ahí se condensa lo que representa la lucha por los derechos humanos en el sur del país”.
Nataniel Hernández es acusado en Chiapas
Hermann Bellinghausen Enviado
San Cristóbal de las Casas, Chis., 19 de marzo. Las 72 organizaciones de derechos humanos pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, con actividad en 24 estados de la República, se pronunció hoy ante el riesgo de detención de Nataniel Hernández Núñez, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, con sede en Tonalá, en la costa de Chiapas.
La Red, que realiza este fin de semana su 41 asamblea nacional en esta ciudad, señaló que hoy sábado vence el término constitucional dentro de la causa penal 33-2011, por el delito de ataques a las vías generales de comunicación del fuero federal, contra Hernández Núñez. De decretarse el auto de formal prisión, el defensor podría enfrentar el proceso penal en libertad. “Sin embargo, también se le instruyó proceso por el delito de extorsión, considerado grave en el fuero común y sin derecho a fianza, con la intención de judicializar la labor de defensa de los derechos humanos que realiza el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa”.
En su llamado a una acción urgente para impedir que Hernández Núñez vuelva a la cárcel, como ya estuvo temporalmente en dos ocasiones en semanas recientes, y recluido en los penales de El Amate y Tapachula, la Red apunta que se le han imputado “delitos fabricados”, y persiste el riesgo de que las autoridades judiciales lo encarcelen y logren impedir que siga con su trabajo.
Ante ello, la ONG exige al Estado mexicano “que se decrete el auto de libertad por falta de elementos contra el director del CDH-Digna Ochoa, así como de José María Martínez Cruz y Eduardo Alonso Martínez Silva, miembros del mismo centro”.
Dirigiéndose al presidente Felipe Calderón, le solicita, “con base en el artículo 8 de la Constitución que, en el ámbito de su competencia y atribuciones, inste a que investiguen los hechos aquí descritos y nos informe sobre las acciones que el gobierno decida llevar a cabo para resolver tal situación”.
La red nacional también pide “medidas concretas y urgentes” para aplicar las declaraciones de Defensores de la Organización de Naciones Unidas y Universal de Derechos Humanos, así como la Convención Americana de garantías fundamentales. Y a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, “con base en el marco de sus atribuciones, les solicita que expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno mexicano a que atienda las peticiones planteadas”.
La Jornada, 20 de marzo de 2011
jueves, 10 de marzo de 2011
Sobre los pueblos indígenas de Guerrero
En la edición del 10 de marzo de 2011, LA JORNADA GUERRERO publicó la siguiente nota:.
Pueblos indígenas, asignatura pendiente en Guerrero
Jaime García Leyva
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Las relaciones sociales que han caracterizado al Estado mexicano hacia los pueblos indígenas han sido la exclusión, la negación, la asimilación por medio de programas educativos, la imposición de proyectos políticos y económicos, la dominación, el desprecio, el racismo y la negación sistemática de sus derechos elementales durante diferentes épocas. Actualmente quienes ejercen el poder o la autoridad, violan constantemente los derechos con prácticas selectivas de intimidación en las regiones indígenas. Si los indígenas disienten se les criminaliza y amedrenta con el objetivo de inhibir su participación social y sus procesos organizativos. Pero la lucha tenaz e incesante en las últimas décadas los ha posicionado y piden la palabra en su propia lengua y exigen el lugar negado en la historia. Ahora, como sujeto colectivo, reclaman una nueva relación con el Estado nacional, las autoridades y avanzan en la práctica con acciones autonómicas.
En Guerrero los pueblos indígenas y las organizaciones se manifiestan con diversas posturas. Establecen redes de apoyo nacional e internacional y se articulan con otros movimientos sociales. Las expresiones etnopolíticas son diversas. Desde los nahuas del Alto Balsas hasta los Me’paa, Na savi y Ñom daa quienes reivindican la lengua, el territorio, los municipios autónomos, los medios de comunicación alternativos, la educación y la policía comunitaria. La necesidad profunda es la búsqueda y construcción de relaciones sociales basadas en el respeto a la diversidad cultural y el reconocimiento a sus derechos. En sus luchas y prácticas han replanteado sus estrategias y objetivos. La larga marcha los fortalece o debilita. Pero siguen aprendiendo y haciendo su historia por los caminos del sur.
Las nuevas experiencias organizativas tienden a construir el poder desde abajo y la asamblea como método de consulta para definir sus acciones. Los que históricamente han sido excluidos ahora escriben su propia versión de los hechos creando nuevos espacios políticos ante la cerrazón de estado por reconocer sus derechos. Esta estrategia asumida después de la publicación de la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena, promulgada el 14 de agosto de 2001 por Vicente Fox. La aprobación de dicha ley provocó un rechazo abierto por la población y evidenció la forma en que se crean las leyes para los indígenas de este país. Desde la imposición y de manera vertical. Este suceso obligó a los indígenas a retornar a sus territorios ancestrales. Atrincherarse en la comunidad, el pueblo y construir desde ahí, en la práctica y ejercer sus derechos negados por la vía constitucional.
En Guerrero los pueblos indígenas ensayan nuevas formas de ejercer sus derechos. La otra autonomía se ejerce en la práctica, en el territorio, en las formas de organización comunitaria, en las formas de hacer la justicia en el pueblo y la autodeterminación. La autonomía y la autodeterminación representan experiencias que los pueblos indígenas han desarrollado desde épocas pasadas y han sido un factor determinante en su sobrevivencia. No es de ahora sino que hay una larga historia de resistencias.
El tema indígena en el Guerrero del siglo XXI es una asignatura pendiente y de carácter obligatorio discutirlo. A la cuestión indígena se le ve como un problema de pobreza, de políticas indigenistas, de silencio. Pero también debe ser abordado como una cuestión de derechos. Los pueblos indígenas tienen la capacidad para decidir libremente la forma de organización y las experiencias históricas por conservar y edificar su organización social; sus estructuras políticas como la jerarquía de cargos, el reconocimiento de “principales y el consejo de ancianos”, las de tipo económico como son las mayordomías, el cambio de manos, el trabajo colectivo, la participación comunitaria que asegura un lugar en el pueblo y el usufructo de sus recursos naturales. El derecho a la autonomía implica el reconocimiento explícito de todos estos derechos colectivos de los pueblos indígenas.
El temor de la clase política y sus falsos argumentos son, que al otorgarles el sentido de autonomía y el reconocimiento de sus derechos podría llevar a la desintegración política y territorial y acarrear conflictos de carácter administrativo. Sin embargo no es así.
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