Sobre la policía comunitaria...

PC-CRAC, más allá de los paradigmas normativos e institucionales en Guerrero

Uriel Leal Ramírez
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Invitado por uno de mis amigos fundador del proyecto de la Policía Comunitaria (PC) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el día 5 de noviembre, en compañía de dos de mis alumnos de derecho, estuve presente en calidad de observador, en el pueblo de Santa Cruz El Rincón, municipio de Malinatepec, el mismo lugar que en abril de 2006 recibiera al subcomandante Marcos del EZLN y a La Otra Campaña. En un hecho sin precedentes, cinco presuntos narcotraficantes fueron juzgados en asamblea en la que participaron más de 50 comisarios, 49 consejeros, 22 comisarios de bienes comunales, 56 comandantes, y cerca de 200 policías comunitarios, quienes acordaron no entregar los reos al gobierno estatal, ni a la PGR. La CRAC, órgano encargado juzgar, determinó reducar, mediante trabajo comunitario, a los detenidos el 13 de octubre en posesión de 700 kilos de mariguana, por elementos de la PC en el municipio de Atlamajalcingo del Monte. Aun cuando hubo varias peticiones de las autoridades federales y estatales para que entregaran a los detenidos a la Procuraduría General de la República por ser delito del orden federal. La PC-CRAC tiene presencia en 70 comunidades de 12 municipios de La Montaña y Costa Chica, regiones en las que se mantiene también una permanente defensa de su territorio contra la explotación minera, representadas por las empresas Hochschild y Camsim.
Un poco de historia, en octubre de 1995 nació uno de los proyectos más emblemáticos y singulares de la región, la procuración y administración de la justicia por usos y costumbres, como respuesta a los altos índice de violencia y criminalidad en la región (violación, homicidio, asaltos y abigeato) decidieron organizarse y crear, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, un sistema autónomo de vigilancia e impartición de justicia. Los múltiples casos de impunidad, abuso de autoridad y por si fuera propio la violación de sus derechos humanos y si a eso le agregamos el largo y sinuoso camino para realizar trámites legales por falta de dinero para tener acceso a la justicia, y lo peor aún: un aparato judicial cuestionado, han sido las causas principales del nacimiento del proyecto.
Este sistema parte de una tesis distinta a la del derecho estatal para la solución de controversias, la CRAC no ejerce un castigo, la conciliación entre las partes goza de un privilegio enorme, en caso contrario se determina la sanción, en muchos casos moral, la reducación, el trabajo comunitario y en su momento la reintegración de los detenidos a la comunidad. Los prisioneros son juzgados por las autoridades de acuerdo a su delito, si este es considerado de menor gravedad, o bien ante la Asamblea Regional de la CRAC si el delito es más grave. En estos últimos casos son trasladados y rotados cada quince días en las comunidades para realizar trabajos comunitarios y recibir consejos de personas mayores o principales. La parte central del proyecto es la reducación con el fin de darle una oportunidad al infractor de integrarse de nuevo a la comunidad después de realizar trabajo y reflexionar sobre sus actos. Instituciones tradicionales son recuperadas como el consejo de ancianos, que ejercen la función de consejeros de los detenidos.
Esta concepción en materia de seguridad e impartición de justicia por usos y costumbres, sin duda alguna ha generado controversias entre los grupos étnicos y el Estado. Como consecuencia, no se les permite a los primeros el ejercicio pleno de su autonomía. Desde su nacimiento a la actualidad, varios dirigentes e impulsores del proyecto han sido encarcelados y otros tienen orden de aprehensión por los gobiernos estatales en turno. Desde nuestra perspectiva, sería incorrecto que el Estado hiciera a un lado la experiencia de estas comunidades ante la ineficacia del actual sistema de seguridad nacional y estatal, la eficacia del sistema de seguridad y justicia comunitaria ha sido tal que los delitos han disminuido en un 90 por ciento en la región, cifra reconocida por las autoridades del estado. Por el contrario habría que fortalecer esta exitosa forma de procurar y administrar justicia y hacer a un lado los tabúes. Los viejos paradigmas institucionales y normativos son ya obsoletos o cuando menos no funcionan en estas comunidades.
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Consulta en:
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/11/28/index.php?section=opinion&article=002a1soc