Pueblos indígenas, asignatura pendiente en Guerrero
Jaime García Leyva
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Las relaciones sociales que han caracterizado al Estado mexicano hacia los pueblos indígenas han sido la exclusión, la negación, la asimilación por medio de programas educativos, la imposición de proyectos políticos y económicos, la dominación, el desprecio, el racismo y la negación sistemática de sus derechos elementales durante diferentes épocas. Actualmente quienes ejercen el poder o la autoridad, violan constantemente los derechos con prácticas selectivas de intimidación en las regiones indígenas. Si los indígenas disienten se les criminaliza y amedrenta con el objetivo de inhibir su participación social y sus procesos organizativos. Pero la lucha tenaz e incesante en las últimas décadas los ha posicionado y piden la palabra en su propia lengua y exigen el lugar negado en la historia. Ahora, como sujeto colectivo, reclaman una nueva relación con el Estado nacional, las autoridades y avanzan en la práctica con acciones autonómicas.
En Guerrero los pueblos indígenas y las organizaciones se manifiestan con diversas posturas. Establecen redes de apoyo nacional e internacional y se articulan con otros movimientos sociales. Las expresiones etnopolíticas son diversas. Desde los nahuas del Alto Balsas hasta los Me’paa, Na savi y Ñom daa quienes reivindican la lengua, el territorio, los municipios autónomos, los medios de comunicación alternativos, la educación y la policía comunitaria. La necesidad profunda es la búsqueda y construcción de relaciones sociales basadas en el respeto a la diversidad cultural y el reconocimiento a sus derechos. En sus luchas y prácticas han replanteado sus estrategias y objetivos. La larga marcha los fortalece o debilita. Pero siguen aprendiendo y haciendo su historia por los caminos del sur.
Las nuevas experiencias organizativas tienden a construir el poder desde abajo y la asamblea como método de consulta para definir sus acciones. Los que históricamente han sido excluidos ahora escriben su propia versión de los hechos creando nuevos espacios políticos ante la cerrazón de estado por reconocer sus derechos. Esta estrategia asumida después de la publicación de la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena, promulgada el 14 de agosto de 2001 por Vicente Fox. La aprobación de dicha ley provocó un rechazo abierto por la población y evidenció la forma en que se crean las leyes para los indígenas de este país. Desde la imposición y de manera vertical. Este suceso obligó a los indígenas a retornar a sus territorios ancestrales. Atrincherarse en la comunidad, el pueblo y construir desde ahí, en la práctica y ejercer sus derechos negados por la vía constitucional.
En Guerrero los pueblos indígenas ensayan nuevas formas de ejercer sus derechos. La otra autonomía se ejerce en la práctica, en el territorio, en las formas de organización comunitaria, en las formas de hacer la justicia en el pueblo y la autodeterminación. La autonomía y la autodeterminación representan experiencias que los pueblos indígenas han desarrollado desde épocas pasadas y han sido un factor determinante en su sobrevivencia. No es de ahora sino que hay una larga historia de resistencias.
El tema indígena en el Guerrero del siglo XXI es una asignatura pendiente y de carácter obligatorio discutirlo. A la cuestión indígena se le ve como un problema de pobreza, de políticas indigenistas, de silencio. Pero también debe ser abordado como una cuestión de derechos. Los pueblos indígenas tienen la capacidad para decidir libremente la forma de organización y las experiencias históricas por conservar y edificar su organización social; sus estructuras políticas como la jerarquía de cargos, el reconocimiento de “principales y el consejo de ancianos”, las de tipo económico como son las mayordomías, el cambio de manos, el trabajo colectivo, la participación comunitaria que asegura un lugar en el pueblo y el usufructo de sus recursos naturales. El derecho a la autonomía implica el reconocimiento explícito de todos estos derechos colectivos de los pueblos indígenas.
El temor de la clase política y sus falsos argumentos son, que al otorgarles el sentido de autonomía y el reconocimiento de sus derechos podría llevar a la desintegración política y territorial y acarrear conflictos de carácter administrativo. Sin embargo no es así.
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