martes, 24 de julio de 2012

Usos y costumbres

Sobre los “Usos y Costumbres” de Popoca Boone

Carlos Reyes Romero
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Estimado Héctor Manuel, creo que exageraste demasiado en tu artículo “Usos y Costumbres”. Todo para encubrir tu oposición al justo reclamo de los pueblos indígenas de Guerrero de elegir a sus autoridades y representantes populares al margen de los partidos políticos, tal y como como lo permiten el artículo 116 de la Constitución Política de la República y el 25 párrafo séptimo de la local.
Indebidamente equiparas la lucha de los pueblos, con conductas ilícitas consentidas y protegidas por un régimen de gobierno proclive a la corrupción, el enriquecimiento inexplicable y el sometimiento al poder del dinero, como el que rige en todo el país.
Debo comentarte que el término de “elección mediante usos y costumbres” es el eufemismo que utilizó el Instituto Electoral del Estado para eludir una respuesta precisa a una demanda muy clara y concreta de los pueblos: que el IIEGRO organice la elección de las autoridades y representantes indígenas sin tener que registrarlos por un partido político. Ese es el fondo del asunto y al final del día los pueblos lo van a ganar.
Debo decirte además, que en la Minuta sobre Reforma Política que el Senado de la República envió el año pasado a la Cámara de Diputados, se suprimía del artículo 116 de la Constitución este derecho de los pueblos; afortunadamente, como lo remarcó el Dip. Alejandro Encinas durante la fundamentación del dictamen que finalmente aprobó la Cámara de Diputados, dicho derecho se restableció porque está estrechamente vinculado al artículo 2º Constitucional.
Apenas antier, el 18 de julio, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia de Reforma Política, donde se confirma este derecho en el inciso e) fracción IV del artículo 116 y se agrega al final del mismo: “En las entidades federativas en las que se acepten las candidaturas independientes, sus legislaturas podrán expedir la normatividad que estimen pertinente.”
Como veras, ellos ya tienen nacionalmente reconocido lo que nosotros todavía tenemos que lograr estado por estado.
Se valen todas las interpretaciones. La mía es que la lucha de los pueblos indígenas ha abierto en muchos aspectos, como en este caso, la posibilidad de mayores derechos para todos los mexicanos.
Tampoco te asiste la razón al afirmar que los mestizos serían antidemocráticamente marginados en la elección de las autoridades y representantes de los pueblos y comunidades, si ésta se hiciera conforme a los artículos 2º y 116 de la Constitución.
Por el contrario, en el movimiento que vienen promoviendo los pueblos para hacer valer sus derechos, los mestizos están representados en condiciones de igualdad, de paridad con los otros pueblos. Cierto, como en todos lados hay indígenas y mestizos que aspiran a ser caciques ˗los Figueroa deslumbran todavía a muchos˗ pero los pueblos están aprendiendo a luchar contra ellos; cuando menos esa es la orientación de la nueva generación de líderes indígenas y afromexicanos, de ambos sexos.
La discriminación de las mujeres en la vida política y en otras áreas de la vida social es una característica innegable de nuestra sociedad. Pero te equivocas al señalar que esto es más agudo en las sociedades indígenas y más aún en el menosprecio con que te refieres a las mujeres indígenas.
Entre ellas hay lideresas de mucha valía y de talla estatal, nacional e internacional que les dan las quince y las malas a nuestros políticos profesionales y lo están haciendo con su propia cabeza, con sus propias estrategias, con sus propios pasos y con largo aliento.
Las mujeres indígenas también están luchando contra el matrimonio forzado, contra la compraventa de esposas o mujeres. Si quieres te puedo contactar con varias de ellas.
Claro que esta rémora social indigna y lastima, pero en tu caso la manejas como muestra del atraso de los pueblos indígenas y eso no se vale.
Seguramente como muchas otras personas, desconoces que las donaciones prenupciales están legitimadas y reguladas por los artículos del 451 al 455 del Código Civil del Estado y que hasta ahora pocos han demandado la abrogación de tales preceptos.
Coincidirás entonces conmigo en que no es éste un problema sólo de los pueblos indígenas, sino de toda la sociedad guerrerense. Eso es lo que hay que combatir; ese es, en este caso, el problema de fondo. Los pueblos ya lo vienen haciendo. Ayudémosles.
Con el aprecio de siempre.
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Carlos Reyes Romero.
19 de julio de 2012

lunes, 2 de julio de 2012

martes, 1 de mayo de 2012

Integración a la policía comunitaria

Las comunidades serán capacitadas para operar a la Policía Comunitaria en sus zonas
En asamblea, se integran unos 50 pueblos de Ayutla a la CRAC
Anuncian la impartición de talleres de información sobre los daños que deja la explotación minera
Margena de la O
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Iliatenco, 29 de abril.
Al menos 50 comunidades de Ayutla se incorporaron a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), después de la aprobación de consejeros y coordinadores en la asamblea regional del sábado en San José Vista Hermosa, Iliatenco.
Las comunidades se someterán a una etapa de capacitación, en el que se familiarizarán con los principios y reglamentos de la Policía Comunitaria, una vez transcurrido el periodo, en asamblea nuevamente decidirán cuáles estarán aptas para la operación de la corporación en la zona. Es posible que no todos pasen esta etapa.
Entre las comunidades están La Concordia, San Felipe, Mesón, Juquila, Vista Hermosa, Plan Paraíso, Coyul, Potrerillo, Vista Alegre, Charquito y Mensoncillo.
En su mensaje, el padre Mario Ocampo, fundador de la CRAC, dijo a los nuevos miembros de la Policía Comunitaria que el proyecto se debe concebir como un acto de amor al prójimo, y esa es parte de la responsabilidad que deben asumir.
Un policía comunitario, además de sano y trabajador, debe tener la virtud de la honestidad y de servicio a su pueblo todas las horas del día, de quien ganan admiración y respeto.
Para mayo, la asamblea regional hará una nueva evaluación de las comunidades aspirantes de Ayutla.
Se preparan contra las mineras
En la defensa del territorio comunitario contra las empresas mineras que pretenden explotar oro, plata, zinc y cobre en Costa Chica y La Montaña, aun con el desacuerdo de los pueblos que sostiene que las empresas terminarán con los recursos naturales.
La CRAC impartirá talleres de información y actualización sobre los daños y afectaciones en caso de la explotación de minerales; y posteriormente un sondeo para saber qué decide la gente respecto al tema.
Esta jornada, según el padre Mario Ocampo, las experiencias que se tiene asesor jurídico de la CRAC, Valentín Hernández, implica convocar a los núcleos agrarios para darles toda la información respecto a las minas, porque en algunos pueblos, sus miembros autorizaron la explotación sin saber de qué se trata realmente.
No se debe olvidar, dijo, los daños a los ríos que causó la Minera México en Taxco, donde niños nacieron con malformaciones porque tomar agua contaminada con cianuro.
En la CRAC hay huellas de que son la CAMSIM (Minas SA de CV), Hochschild y Grupo Goliat , las concesionarias que pretenden explorar y explotar oro, plata y zinc en territorio comunitario.
Los Bienes Comunales de Tenamazapa, Tlacoapa, enviaron un oficio (del que se tiene copia) al gobernador Ángel Aguirre Rivero, y le piden que abogue al gobierno federal para que retire las concesiones que otorgó para explotar su extensión de tierra.
En total, son 75 hectáreas llenas de pino de ocote y encino en Cerro colorado, atravesado por manantiales que Tenamazapa que colinda con los núcleos de Totomixtlahuaca, también de Tlacoapa, y Hierba Santa, Llano Grande, Mirador, de Acatepec.
Pablo Guzmán, uno de los coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, convocó al gobernador a unirse con la CRAC para discutir el tema de las mineras, pero sospechó que no tiene interés de comprometerse.
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Consulta en:

lunes, 5 de diciembre de 2011

Aun con discriminación, indígenas de Acapulco mantienen sus tradiciones

La falta de servicios básico, el principal problema que enfrentan los pueblos: especialista

Insta Barroso Calderón, de la UAM, a las autoridades a fortalecer las escuelas autóctonas

HÉCTOR BRISEÑO

La población indígena en Acapulco sufre discriminación y olvido; no obstante, ha logrado mantener vivas sus tradiciones gracias a sus sistemas de enseñanza, los cuales sobreviven en los ocho planteles de educación bilingüe que existen en el puerto, expresó la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Cristina Gabriela Barroso Calderón, quien calificó los modelos étnicos como de exportación.

Manifestó que “es un modelo que en Brasil llamó mucho la atención, los guaraníes se preguntaron cómo lo están haciendo”, por lo que señaló que autoridades deben trabajar en fortalecer las escuelas indígenas de Acapulco.

Entrevistada al concluir la asamblea constitutiva del Movimiento Indígena de Acapulco, en el auditorio del parque Papagayo, Barroso Calderón detalló que el principal problema que enfrentan los pobladores indígenas en el municipio es la falta de servicios elementales, como agua, luz, pavimentación, vigilancia y seguridad, además del desempleo, debido a lo cual muchos han recurrido a la migración o al empleo informal, lo que implica inseguridad económica y física.

En cuanto a la formación de agrupaciones indígenas en las que intervienen políticos, la investigadora subrayó que lo importante es que “sus demandas sean escuchadas, y sean un poco más sensibles hacia la problemática de ellos, que no piensen que estén destinados a ser lo que son, sino que representan una riqueza para la nación”.

Explicó que “ellos se ven a sí mismos como relegados, pero lo interesante es que se ven como potencialmente ricos, tienen cierta riqueza cultural que aportan a la nación, y gracias a ello, estos movimientos han sobrevivido”.

Indicó que uno de los ejemplos lo representan las lenguas originarias, que son un elemento de identidad cultural por lo que han luchado, no obstante radicar en Acapulco, pues “después del español el inglés es el más importante, y ellos han hecho valer su lengua”.

La investigadora explicó que el sistema relega a los indígenas, pero ellos han implementado mecanismos para sobrevivir desde hace más de 500 años, gracias a los cuales revaloran sus raíces, lo cual es trasmitido a los niños.

En los planteles educativos donde se busca preservar la lengua indígena son la Acamapitchtli, en la colonia Arbolada 19, que ya cuenta con su coro infantil; la escuela Ve´esabi, en la Unidos por Guerrero; la Caritino Maldonado en la colonia Juan R. Escudero; y los jardines de niños Gabriela Mistral y San Miguelito, así como dos anexos en Altos del Coloso y San Agustín.

El censo de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señalaba que la población indígena en el puerto ascendía a 25 mil 586 personas, pero líderes de organizaciones locales consideran que la cifra puede duplicarse, pues muchos residentes esconden su identidad o se desplazan constantemente por el estado.

lA JORNADA DE GUERRERO, 05 DE NOVIEMBRE DE 2011

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/12/05/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

lunes, 28 de noviembre de 2011

Sobre la policía comunitaria...

PC-CRAC, más allá de los paradigmas normativos e institucionales en Guerrero

Uriel Leal Ramírez
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Invitado por uno de mis amigos fundador del proyecto de la Policía Comunitaria (PC) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el día 5 de noviembre, en compañía de dos de mis alumnos de derecho, estuve presente en calidad de observador, en el pueblo de Santa Cruz El Rincón, municipio de Malinatepec, el mismo lugar que en abril de 2006 recibiera al subcomandante Marcos del EZLN y a La Otra Campaña. En un hecho sin precedentes, cinco presuntos narcotraficantes fueron juzgados en asamblea en la que participaron más de 50 comisarios, 49 consejeros, 22 comisarios de bienes comunales, 56 comandantes, y cerca de 200 policías comunitarios, quienes acordaron no entregar los reos al gobierno estatal, ni a la PGR. La CRAC, órgano encargado juzgar, determinó reducar, mediante trabajo comunitario, a los detenidos el 13 de octubre en posesión de 700 kilos de mariguana, por elementos de la PC en el municipio de Atlamajalcingo del Monte. Aun cuando hubo varias peticiones de las autoridades federales y estatales para que entregaran a los detenidos a la Procuraduría General de la República por ser delito del orden federal. La PC-CRAC tiene presencia en 70 comunidades de 12 municipios de La Montaña y Costa Chica, regiones en las que se mantiene también una permanente defensa de su territorio contra la explotación minera, representadas por las empresas Hochschild y Camsim.
Un poco de historia, en octubre de 1995 nació uno de los proyectos más emblemáticos y singulares de la región, la procuración y administración de la justicia por usos y costumbres, como respuesta a los altos índice de violencia y criminalidad en la región (violación, homicidio, asaltos y abigeato) decidieron organizarse y crear, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, un sistema autónomo de vigilancia e impartición de justicia. Los múltiples casos de impunidad, abuso de autoridad y por si fuera propio la violación de sus derechos humanos y si a eso le agregamos el largo y sinuoso camino para realizar trámites legales por falta de dinero para tener acceso a la justicia, y lo peor aún: un aparato judicial cuestionado, han sido las causas principales del nacimiento del proyecto.
Este sistema parte de una tesis distinta a la del derecho estatal para la solución de controversias, la CRAC no ejerce un castigo, la conciliación entre las partes goza de un privilegio enorme, en caso contrario se determina la sanción, en muchos casos moral, la reducación, el trabajo comunitario y en su momento la reintegración de los detenidos a la comunidad. Los prisioneros son juzgados por las autoridades de acuerdo a su delito, si este es considerado de menor gravedad, o bien ante la Asamblea Regional de la CRAC si el delito es más grave. En estos últimos casos son trasladados y rotados cada quince días en las comunidades para realizar trabajos comunitarios y recibir consejos de personas mayores o principales. La parte central del proyecto es la reducación con el fin de darle una oportunidad al infractor de integrarse de nuevo a la comunidad después de realizar trabajo y reflexionar sobre sus actos. Instituciones tradicionales son recuperadas como el consejo de ancianos, que ejercen la función de consejeros de los detenidos.
Esta concepción en materia de seguridad e impartición de justicia por usos y costumbres, sin duda alguna ha generado controversias entre los grupos étnicos y el Estado. Como consecuencia, no se les permite a los primeros el ejercicio pleno de su autonomía. Desde su nacimiento a la actualidad, varios dirigentes e impulsores del proyecto han sido encarcelados y otros tienen orden de aprehensión por los gobiernos estatales en turno. Desde nuestra perspectiva, sería incorrecto que el Estado hiciera a un lado la experiencia de estas comunidades ante la ineficacia del actual sistema de seguridad nacional y estatal, la eficacia del sistema de seguridad y justicia comunitaria ha sido tal que los delitos han disminuido en un 90 por ciento en la región, cifra reconocida por las autoridades del estado. Por el contrario habría que fortalecer esta exitosa forma de procurar y administrar justicia y hacer a un lado los tabúes. Los viejos paradigmas institucionales y normativos son ya obsoletos o cuando menos no funcionan en estas comunidades.
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Consulta en:
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/11/28/index.php?section=opinion&article=002a1soc