Elecciones 2012

Integración a la policía comunitaria

Las comunidades serán capacitadas para operar a la Policía Comunitaria en sus zonas

En asamblea, se integran unos 50 pueblos de Ayutla a la CRAC

Anuncian la impartición de talleres de información sobre los daños que deja la explotación minera

Margena de la O

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Iliatenco, 29 de abril.

Al menos 50 comunidades de Ayutla se incorporaron a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), después de la aprobación de consejeros y coordinadores en la asamblea regional del sábado en San José Vista Hermosa, Iliatenco.

Las comunidades se someterán a una etapa de capacitación, en el que se familiarizarán con los principios y reglamentos de la Policía Comunitaria, una vez transcurrido el periodo, en asamblea nuevamente decidirán cuáles estarán aptas para la operación de la corporación en la zona. Es posible que no todos pasen esta etapa.

Entre las comunidades están La Concordia, San Felipe, Mesón, Juquila, Vista Hermosa, Plan Paraíso, Coyul, Potrerillo, Vista Alegre, Charquito y Mensoncillo.

En su mensaje, el padre Mario Ocampo, fundador de la CRAC, dijo a los nuevos miembros de la Policía Comunitaria que el proyecto se debe concebir como un acto de amor al prójimo, y esa es parte de la responsabilidad que deben asumir.

Un policía comunitario, además de sano y trabajador, debe tener la virtud de la honestidad y de servicio a su pueblo todas las horas del día, de quien ganan admiración y respeto.

Para mayo, la asamblea regional hará una nueva evaluación de las comunidades aspirantes de Ayutla.

Se preparan contra las mineras

En la defensa del territorio comunitario contra las empresas mineras que pretenden explotar oro, plata, zinc y cobre en Costa Chica y La Montaña, aun con el desacuerdo de los pueblos que sostiene que las empresas terminarán con los recursos naturales.

La CRAC impartirá talleres de información y actualización sobre los daños y afectaciones en caso de la explotación de minerales; y posteriormente un sondeo para saber qué decide la gente respecto al tema.

Esta jornada, según el padre Mario Ocampo, las experiencias que se tiene asesor jurídico de la CRAC, Valentín Hernández, implica convocar a los núcleos agrarios para darles toda la información respecto a las minas, porque en algunos pueblos, sus miembros autorizaron la explotación sin saber de qué se trata realmente.

No se debe olvidar, dijo, los daños a los ríos que causó la Minera México en Taxco, donde niños nacieron con malformaciones porque tomar agua contaminada con cianuro.

En la CRAC hay huellas de que son la CAMSIM (Minas SA de CV), Hochschild y Grupo Goliat , las concesionarias que pretenden explorar y explotar oro, plata y zinc en territorio comunitario.

Los Bienes Comunales de Tenamazapa, Tlacoapa, enviaron un oficio (del que se tiene copia) al gobernador Ángel Aguirre Rivero, y le piden que abogue al gobierno federal para que retire las concesiones que otorgó para explotar su extensión de tierra.

En total, son 75 hectáreas llenas de pino de ocote y encino en Cerro colorado, atravesado por manantiales que Tenamazapa que colinda con los núcleos de Totomixtlahuaca, también de Tlacoapa, y Hierba Santa, Llano Grande, Mirador, de Acatepec.

Pablo Guzmán, uno de los coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, convocó al gobernador a unirse con la CRAC para discutir el tema de las mineras, pero sospechó que no tiene interés de comprometerse.

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Consulta en:

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2012/04/30/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

Aun con discriminación, indígenas de Acapulco mantienen sus tradiciones

La falta de servicios básico, el principal problema que enfrentan los pueblos: especialista

Insta Barroso Calderón, de la UAM, a las autoridades a fortalecer las escuelas autóctonas

HÉCTOR BRISEÑO

La población indígena en Acapulco sufre discriminación y olvido; no obstante, ha logrado mantener vivas sus tradiciones gracias a sus sistemas de enseñanza, los cuales sobreviven en los ocho planteles de educación bilingüe que existen en el puerto, expresó la investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Cristina Gabriela Barroso Calderón, quien calificó los modelos étnicos como de exportación.

Manifestó que “es un modelo que en Brasil llamó mucho la atención, los guaraníes se preguntaron cómo lo están haciendo”, por lo que señaló que autoridades deben trabajar en fortalecer las escuelas indígenas de Acapulco.

Entrevistada al concluir la asamblea constitutiva del Movimiento Indígena de Acapulco, en el auditorio del parque Papagayo, Barroso Calderón detalló que el principal problema que enfrentan los pobladores indígenas en el municipio es la falta de servicios elementales, como agua, luz, pavimentación, vigilancia y seguridad, además del desempleo, debido a lo cual muchos han recurrido a la migración o al empleo informal, lo que implica inseguridad económica y física.

En cuanto a la formación de agrupaciones indígenas en las que intervienen políticos, la investigadora subrayó que lo importante es que “sus demandas sean escuchadas, y sean un poco más sensibles hacia la problemática de ellos, que no piensen que estén destinados a ser lo que son, sino que representan una riqueza para la nación”.

Explicó que “ellos se ven a sí mismos como relegados, pero lo interesante es que se ven como potencialmente ricos, tienen cierta riqueza cultural que aportan a la nación, y gracias a ello, estos movimientos han sobrevivido”.

Indicó que uno de los ejemplos lo representan las lenguas originarias, que son un elemento de identidad cultural por lo que han luchado, no obstante radicar en Acapulco, pues “después del español el inglés es el más importante, y ellos han hecho valer su lengua”.

La investigadora explicó que el sistema relega a los indígenas, pero ellos han implementado mecanismos para sobrevivir desde hace más de 500 años, gracias a los cuales revaloran sus raíces, lo cual es trasmitido a los niños.

En los planteles educativos donde se busca preservar la lengua indígena son la Acamapitchtli, en la colonia Arbolada 19, que ya cuenta con su coro infantil; la escuela Ve´esabi, en la Unidos por Guerrero; la Caritino Maldonado en la colonia Juan R. Escudero; y los jardines de niños Gabriela Mistral y San Miguelito, así como dos anexos en Altos del Coloso y San Agustín.

El censo de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señalaba que la población indígena en el puerto ascendía a 25 mil 586 personas, pero líderes de organizaciones locales consideran que la cifra puede duplicarse, pues muchos residentes esconden su identidad o se desplazan constantemente por el estado.

lA JORNADA DE GUERRERO, 05 DE NOVIEMBRE DE 2011

http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/12/05/index.php?section=sociedad&article=005n1soc

Sobre la policía comunitaria...

PC-CRAC, más allá de los paradigmas normativos e institucionales en Guerrero

Uriel Leal Ramírez
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Invitado por uno de mis amigos fundador del proyecto de la Policía Comunitaria (PC) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el día 5 de noviembre, en compañía de dos de mis alumnos de derecho, estuve presente en calidad de observador, en el pueblo de Santa Cruz El Rincón, municipio de Malinatepec, el mismo lugar que en abril de 2006 recibiera al subcomandante Marcos del EZLN y a La Otra Campaña. En un hecho sin precedentes, cinco presuntos narcotraficantes fueron juzgados en asamblea en la que participaron más de 50 comisarios, 49 consejeros, 22 comisarios de bienes comunales, 56 comandantes, y cerca de 200 policías comunitarios, quienes acordaron no entregar los reos al gobierno estatal, ni a la PGR. La CRAC, órgano encargado juzgar, determinó reducar, mediante trabajo comunitario, a los detenidos el 13 de octubre en posesión de 700 kilos de mariguana, por elementos de la PC en el municipio de Atlamajalcingo del Monte. Aun cuando hubo varias peticiones de las autoridades federales y estatales para que entregaran a los detenidos a la Procuraduría General de la República por ser delito del orden federal. La PC-CRAC tiene presencia en 70 comunidades de 12 municipios de La Montaña y Costa Chica, regiones en las que se mantiene también una permanente defensa de su territorio contra la explotación minera, representadas por las empresas Hochschild y Camsim.
Un poco de historia, en octubre de 1995 nació uno de los proyectos más emblemáticos y singulares de la región, la procuración y administración de la justicia por usos y costumbres, como respuesta a los altos índice de violencia y criminalidad en la región (violación, homicidio, asaltos y abigeato) decidieron organizarse y crear, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, un sistema autónomo de vigilancia e impartición de justicia. Los múltiples casos de impunidad, abuso de autoridad y por si fuera propio la violación de sus derechos humanos y si a eso le agregamos el largo y sinuoso camino para realizar trámites legales por falta de dinero para tener acceso a la justicia, y lo peor aún: un aparato judicial cuestionado, han sido las causas principales del nacimiento del proyecto.
Este sistema parte de una tesis distinta a la del derecho estatal para la solución de controversias, la CRAC no ejerce un castigo, la conciliación entre las partes goza de un privilegio enorme, en caso contrario se determina la sanción, en muchos casos moral, la reducación, el trabajo comunitario y en su momento la reintegración de los detenidos a la comunidad. Los prisioneros son juzgados por las autoridades de acuerdo a su delito, si este es considerado de menor gravedad, o bien ante la Asamblea Regional de la CRAC si el delito es más grave. En estos últimos casos son trasladados y rotados cada quince días en las comunidades para realizar trabajos comunitarios y recibir consejos de personas mayores o principales. La parte central del proyecto es la reducación con el fin de darle una oportunidad al infractor de integrarse de nuevo a la comunidad después de realizar trabajo y reflexionar sobre sus actos. Instituciones tradicionales son recuperadas como el consejo de ancianos, que ejercen la función de consejeros de los detenidos.
Esta concepción en materia de seguridad e impartición de justicia por usos y costumbres, sin duda alguna ha generado controversias entre los grupos étnicos y el Estado. Como consecuencia, no se les permite a los primeros el ejercicio pleno de su autonomía. Desde su nacimiento a la actualidad, varios dirigentes e impulsores del proyecto han sido encarcelados y otros tienen orden de aprehensión por los gobiernos estatales en turno. Desde nuestra perspectiva, sería incorrecto que el Estado hiciera a un lado la experiencia de estas comunidades ante la ineficacia del actual sistema de seguridad nacional y estatal, la eficacia del sistema de seguridad y justicia comunitaria ha sido tal que los delitos han disminuido en un 90 por ciento en la región, cifra reconocida por las autoridades del estado. Por el contrario habría que fortalecer esta exitosa forma de procurar y administrar justicia y hacer a un lado los tabúes. Los viejos paradigmas institucionales y normativos son ya obsoletos o cuando menos no funcionan en estas comunidades.
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Consulta en:
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/11/28/index.php?section=opinion&article=002a1soc

Comunicado de la Policía Comunitaria

COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO

COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA COMUNITARIA

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Territorio Comunitario. San Luis Acatlan, Gro. Octubre 26. 2011.

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AL PUEBLO EN GENERAL.

A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS FRATERNAS.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

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El día de ayer, martes 25 de octubre, aproximadamente a las 10 de la mañana, fuimos informados en la Casa de Justicia Comunitaria de San Luis Acatlan, que un convoy de aproximadamente siete vehículos que trasladaban a personal militar y elementos de la Policía Federal, ingresaron a territorio comunitario, por San Luis Acatlan, pasando por las comunidades de Horcasitas, Potrerillo del Rincón, Potrerillo Coapinole, Tuxtepec, Pueblo Hidalgo, Hondura Tigre y arribaron a la comunidad de Buenavista, lugar donde hicieron una parada y preguntaron por donde llegar a la comunidad de Pajarito Grande, supuestamente extraviados. Ahí se les informo, y regresaron hacia esta última comunidad mencionada, lugar al que arribaron aproximadamente a las 16 horas y detuvieron al compañero Agustín Barrera Cosme, consejero de la CRAC, a quien se le dijo que tenía orden de aprehensión por haber cometido un delito ambiental meses atrás. Luego de la detención regresaron de igual manera por San Luis Acatlan, con rumbo a la ciudad de Acapulco, llevándose detenido a nuestro compañero, por quien exigimos su inmediata libertad.

Lo anterior ocurre en un contexto de alerta generalizada en las comunidades que integran nuestra institución comunitaria, ya que en los últimos meses, y en particular en los últimos días, se han incrementado de manera visible los actos de delincuencia, sobre todo los relativos al narcotráfico. Concretamente, los días 13 y 14 de octubre del año en curso, precisamente durante los días de celebración del XVI aniversario de nuestra Policía Comunitaria, se logro la captura de cinco personas involucradas en el traslado de un cargamento de mariguana, (33 paquetes) utilizando tres vehículos; junto con la carga y los vehículos, se les decomisaron aparatos de radio de banda civil y teléfonos celulares; no llevaban ningún tipo de arma. Los detenidos son los CC. Javier Ventura Morales y Marcos Ventura Morales, de la comunidad de Cahuañaña, municipio de Metlatonoc, Gro.; Pedro Ponce Rodríguez y Feliciano Ponce Chávez, de la comunidad de Rio Encajonado, municipio de Cochoapa El Grande, Gro., y Gabriel Orozco Nieto, quien dijo ser del Estado de México.

Por la gravedad de la falta cometida, los detenidos de inmediato fueron puestos a disposición por la Policía Comunitaria ante la máxima autoridad de nuestra institución, que es la Asamblea Regional de Autoridades, la cual sesionara el próximo 5 de noviembre, fecha en la que se determinara el procedimiento y términos de su sanción y reeducación. De igual manera, en esa fecha se determinara el destino de la droga y los bienes asegurados.

Sabemos de las posibles implicaciones de este caso grave que está ocurriendo, y solo pedimos a las autoridades del Gobierno, respeten los procedimientos y acuerdos que las instancias del sistema comunitario establezcan para la atención de dicho caso. En el entendido de que nosotros no estamos en guerra contra nadie, y que en todos los casos priorizaremos la seguridad, integridad y tranquilidad de nuestras comunidades, así como las mejores condiciones para la reeducación de los detenidos, respetando debidamente, conforme a nuestras posibilidades, sus derechos como personas.

Rechazamos desde ahora, la presencia de militares y policías federales en Territorio Comunitario, ya que ello no contribuye a la seguridad ni a la tranquilidad de nuestros pueblos. Reiteramos nuestra disposición de dialogo y trabajo coordinado con el gobierno, pero con respeto a nuestras instancias y mecanismos para la toma de decisiones. Decimos no a la sumisión ni a la subordinación.

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“SOLO EL PUEBLO APOYA Y DEFIENDE AL PUEBLO”

“EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS, SERA JUSTICIA”

COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS

COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA COMUNITARIA

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Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Policia Comunitaria " EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS SERA JUSTICIA"

http://www.policiacomunitaria.org/

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“Otras Geografías son las que están trazando los pueblos, los movimientos, las organizaciones indígenas en vastas regiones de este país llamado México. A través de su quehacer cotidiano construyen alternativas de convivencia, de gobierno, de resolución de conflictos, de comunicación, de educación, de producción: alternativas de vida”.

Propuesta reforma constitucional en materia indígena

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 10 Y 47 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO EN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENAS Y AFROMEXICANA

(PROPUESTA COMISIÓN TÉCNICA REVISORA-17/AGO/11)
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 1.- En el estado de Guerrero todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en esta Constitución, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para quedar como sigue:
ARTICULO 10.- Son habitantes del Estado todas las personas que radiquen en su Territorio.
El estado de Guerrero tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus Pueblos Indígenas y Afromexicano.
Esta Constitución reconoce y protege como Pueblos Originarios del estado de Guerrero a los Pueblos Indígenas Naua, Ñu savi, Me’phaa y N’ancue Ñ’omdaa y a las comunidades indígenas que los conforman, así como al Pueblo Afromexicano que en él habita. Sus derechos y cultura se garantizarán en términos de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en la materia, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La conciencia de su identidad indígena o afromexicana deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre Pueblos Indígenas y Afromexicano.
El estado de Guerrero reconoce a los Pueblos y comunidades Indígenas y Afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica propia.
Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los Pueblos y comunidades Indígenas y Afromexicanas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; mantener su propia identidad, delimitar la jurisdicción de sus respectivas comunidades y ser reconocidas por la ley; aplicar sus propios sistemas jurídicos [normativos] en la regulación y solución de sus conflictos; elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno; preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad; conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras y territorios; acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades; participar en los poderes públicos en los términos que fijen las leyes y elegir representantes ante los ayuntamientos y la legislatura local y federal, de mayoría relativa y de representación proporcional; acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, garantizando que se tomen en cuenta sus costumbres y especificidades culturales en todos los juicios y procedimientos en que sean parte individual o colectivamente; así como tener acceso a la protección integral de la salud y al uso de la medicina tradicional. La Ley establecerá las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas y afromexicanas.
Los Pueblos y comunidades Indígenas y Afromexicanas participarán en la creación y operación de las instituciones encargadas de garantizar, proteger y promover sus derechos.
Las disposiciones sobre Pueblos Indígenas y Afromexicano contenidas en esta Constitución y en su Ley Reglamentaria serán de aplicación y cumplimiento obligatorio en todo el territorio del estado.
Los Pueblos Indígenas y Afromexicano tendrán el derecho de iniciar leyes o decretos a través de sus Ayuntamientos y representantes populares.
La representación política de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano ante los poderes públicos, los ayuntamientos, el Congreso local, el Congreso de la Unión y los organismos públicos autónomos por ley, se hará conforme a los ordenamientos en la materia, priorizando en lo electoral lo dispuesto a su favor en el párrafo séptimo del artículo 25 y en el artículo 97 de esta Constitución; se garantizará la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones.
Las leyes y los reglamentos municipales regularán y fortalecerán la participación de los Pueblos y comunidades Indígenas y Afromexicanas en las instancias de gobierno.
La Ley y los ordenamientos correspondientes establecerán la coordinación de los sistemas jurídicos [normativos] y las instituciones de seguridad y justicia de los Pueblos y comunidades Indígenas y Afromexicanas con el sistema de procuración, impartición y administración de justicia y de seguridad pública, respetando la pluralidad jurídica.
Los pueblos y comunidades tendrán derecho a la consulta, a fin de garantizar su derecho primordial e intervención en la toma de decisiones, cuando se prevean medidas legislativas o administrativas que les afecten y para decidir lo que mejor convenga a su derecho bajo consentimiento previo, libre e informado.
Las leyes protegerán y garantizarán la integridad de las tierras y territorios de los Pueblos y comunidades indígenas y Afromexicanas. En todos los casos, el otorgamiento de concesiones, cualquiera que sea su naturaleza, deberá hacerse previa consulta y consentimiento de los pueblos y comunidades; en caso contrario, cualquier concesión será nula de pleno derecho.
La interculturalidad y el reconocimiento de la diversidad cultural será eje rector del desarrollo del Estado. En este marco, los tres órdenes de gobierno, las instituciones privadas y la sociedad protegerán, difundirán y promoverán el patrimonio cultural tangible e intangible, la cosmovisión, la espiritualidad, la medicina, la herbolaria, los lugares sagrados, los saberes tradicionales y la propiedad intelectual de los pueblos y comunidades.
Las lenguas de los pueblos originarios serán oficiales y tendrán la misma validez que el español. Habrá un sistema de educación indígena y afromexicano desde el nivel básico hasta el superior, en el cual será obligatoria la enseñanza en la lengua indígena; en las instituciones educativas no indígenas se establecerá como opcional la enseñanza de alguna lengua indígena. La educación que se imparte en las comunidades afromexicanas, incluirá contenidos pertinentes a su contexto histórico y sociocultural.
El Estado garantizará el desarrollo político, económico, social y humano de las mujeres indígenas y afromexicanas; promoverá la equidad de género y estimulará su intervención y liderazgo en los asuntos públicos.
De la misma manera, se garantizarán y protegerán los derechos de la niñez, la juventud, las personas de la tercera edad, los migrantes y los jornaleros agrícolas indígenas y afromexicanos.
El Estado garantizará el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas a adquirir, operar y administrar sus medios de comunicación.
En la Ley Reglamentaria se determinarán las obligaciones del Estado y los municipios para promover, en concurrencia con la Federación, la igualdad de oportunidades para los indígenas y afromexicanos y eliminar cualquier práctica discriminatoria; establecer las instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y afromexicanos, así como el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos; así mismo, se establecerán las obligaciones específicas del Estado y los municipios, derivadas del apartado “B” del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el párrafo anterior, el Congreso del Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.
Los derechos establecidos a favor de los indígenas y afromexicanos en este artículo, su ley reglamentaría y las demás disposiciones normativas del Estado, se aplicarán también a toda comunidad equiparable a aquéllos.
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ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la Fracción XV y el primer párrafo de la Fracción XVIII del artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para quedar como sigue:
ARTICULO 47.-
Fracciones de la I a la XIV…
XV. Aprobar las leyes de ingresos de los municipios, así como revisar y fiscalizar sus cuentas públicas, requiriendo a éstos establecer, en sus presupuestos de egresos, las partidas para cumplir las obligaciones contraídas con los Pueblos y comunidades Indígenas y Afromexicanas y detallar en sus cuentas públicas el cumplimiento de las mismas.
XVI a la XVII…
XVIII. Examinar, discutir y aprobar, en su caso, el Presupuesto Anual de Egresos del Estado y expedir el Decreto correspondiente, estableciendo las partidas correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones contraídas con los Pueblos y comunidades Indígenas y Afromexicanas. El Congreso no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la Ley. En caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se tendrá por señalada la que hubiese sido fijada en el presupuesto del año anterior o al de la Ley que estableció el empleo.
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XIX a la XLIX…
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ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para quedar como sigue:
ARTICULO 102.-……..
Los Consejos Consultivos de Comisarios Municipales, así como los Consejos Consultivos de Presidentes o Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales, deberán ser consultados en términos de esta Constitución, previamente a la aprobación de los presupuestos de egresos para cada ejercicio fiscal y los programas trianuales que conforme a las leyes expidan los Ayuntamientos.

La región amuzga de Guerrero va perdiendo sus costumbres: CDI

Los jóvenes adoptan otras culturas y olvidan sus raíces ancestrales, lamenta Hilda Rodríguez, promotora en Ometepec

Alejandro Gómez Sotelo/Taxco

En la región amuzga de Guerrero, de manera constante se van perdiendo las costumbres, vestimenta y la lengua nativa de esa zona, pues los jóvenes adoptan otras culturas y olvidan sus raíces ancestrales, reconoció con semblante desdibujado Hilda Rodríguez Cruz, promotora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en el municipio de Ometepec, en la Costa Chica.

Narró que a un porcentaje importante de la juventud amuzga le genera pena el hablar su lengua, han dejado de utilizar la vestimenta representativa de esa región y sus costumbres las han cambiado por conocimientos adquiridos en otros lugares, por ello llamó a los habitantes de su zona para que valoren su dialecto, herencia y eviten caer en la discriminación hacia sus propios orígenes, es decir, se debe mantener la identidad.

Durante su participación en el taller "Liderazgo y manejo de conflictos" realizado por la CDI en Taxco, Rodríguez Cruz lamentó que para muchos jóvenes amuzgos, el hecho de tener zapatos, hablar el español, acudir a la escuela y vestirse bien, representa dejar de ser indígenas, "eso a mí me da mucha lástima porque se van perdiendo nuestras raíces y eso no deber ser", acotó visiblemente decepcionada.
Originaria de la comunidad de Arroyo Pájaro del municipio de Xochistlahuaca, la promotora de esa dependencia federal señaló que en su lugar de origen se siguen presentando casos de machismo, sin embargo, se instruye a las mujeres indígenas para que pierdan el miedo y se sumen a la actividad productiva y capacitación laboral constante.

Se quejó de la existencia de líderes y organizaciones corruptas que utilizan a la población indígena con fines ajenos al desarrollo de ese sector de la sociedad, ya que los pseudo dirigentes se aprovechan de la necesidad humana y de su precaria situación económica para que en los comicios les compren su voto en cantidades monetarias mínimas, aunque aclaró que no todos los partidos políticos incurren en esas prácticas anómalas.

Hilda Rodríguez puntualizó que gracias a la preparación y organización de los indígenas costachiquenses, la discriminación gubernamental y social se está atacando de raíz para erradicar ese mal que golpea a los amuzgos y atenta contra sus derechos humanos, al grado de marginarlos y olvidarlos por el solo hecho de no hablar el español.